57 militares fueron retenidos por la comunidad del municipio de El Tambo, Cauca luego de asonadas generadas por el constreñimiento de grupos armados legales.
lunes, 23 de junio de 2025
57 militares fueron retenidos por la comunidad del municipio de El Tambo, Cauca luego de asonadas generadas por el constreñimiento de grupos armados legales.
Ya son 57 los militares retenidos por la comunidad de la vereda La Hacienda, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca. Esta información fue confirmada por el comandante de la Tercera División del Ejército, el Brigadier General Federico Mejía.
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Los uniformados pertenecen a la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4, una unidad especializada en operaciones de alto impacto. Desde el 21 de junio, estos soldados fueron objeto de asonadas y presiones por parte de sectores de la comunidad, que impidieron su desplazamiento.
Para el 22 de junio, al menos 200 personas en la zona urbana del corregimiento de El Plateado interceptaron a otro grupo de militares. Este hecho permitió completar la cifra de 57 efectivos, quienes permanecen retenidos hasta el momento.
Según el parte oficial del Ejército, entre los retenidos se encuentran 4 suboficiales y 53 soldados profesionales, lo cual representa un hecho de gran preocupación operativa y de seguridad nacional.
La Tercera División del Ejército ha señalado que la comunidad de estas zonas rurales estaría actuando constreñida por el grupo armado Carlos Patiño, una disidencia de las extintas FARC que mantiene fuerte presencia en el cañón del Micay.
De acuerdo con el Ejército, estas acciones no representan una protesta espontánea, sino una estrategia coercitiva impulsada por actores armados ilegales, quienes pretenden obstaculizar las operaciones militares y proteger los cultivos ilícitos en la región.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció públicamente ante los hechos, afirmando que esta retención constituye un secuestro, y no puede considerarse como una simple acción comunitaria o manifestación social.
Sánchez fue enfático en señalar que los grupos armados ilegales están interesados en mantener el control territorial para continuar con el uso ilícito de los cultivos de coca, mientras que la mayoría de la población del cañón del Micay en el Cauca clama por una salida pacífica y sostenible al conflicto.
El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares, ha asegurado que ya existe autorización para desplegar fuerzas que permitan recuperar la libertad de los militares retenidos.
Sin embargo, la estrategia del Ejército Nacional contempla primero el diálogo con líderes comunitarios y autoridades locales, con el fin de evitar una confrontación armada que pueda poner en riesgo la vida tanto de los militares como de los civiles involucrados.
La situación ha generado una fuerte reacción política, especialmente desde sectores que denuncian la falta de garantías para las fuerzas militares en zonas de alta presencia insurgente. También se ha cuestionado la efectividad del control estatal en regiones como el suroccidente del país.
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Mientras se desarrollan las labores de recuperación, el caso se convierte en un nuevo capítulo de la compleja situación de orden público en el Cauca, donde confluyen intereses armados ilegales, comunidades vulnerables y un Estado que intenta imponer el monopolio legítimo de la fuerza en medio de un conflicto persistente.