La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado la Ley 2273 de 2022, que ratifica el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional se enfoca en el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró esta decisión, destacando su importancia para la democracia ambiental y la protección de los defensores del medio ambiente.
La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado la Ley 2273 de 2022, que ratifica el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional se enfoca en el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró esta decisión, destacando su importancia para la democracia ambiental y la protección de los defensores del medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú fortalecerá la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones ambientales y aumentará la transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades y empresas. Colombia se une ahora a otros países latinoamericanos que ya han ratificado el acuerdo, comprometiéndose a rendir cuentas sobre su democracia ambiental a nivel internacional.
Desde la sanción de la ley por el presidente Gustavo Petro, el gobierno colombiano ha trabajado en la implementación del Acuerdo. El Ministerio de Ambiente ha liderado este proceso, diseñando una ruta estratégica que incluye talleres, mesas de socialización y la creación de un protocolo para proteger a los defensores ambientales en situaciones de riesgo.
Como parte de la implementación, el Ministerio está creando una Comisión Interinstitucional y ha lanzado el programa «Alerta por mi ambiente». Este programa ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones y sienta las bases para el futuro Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
En los próximos meses, el Ministerio planea realizar un despliegue territorial en 13 ecorregiones priorizadas. Allí se llevarán a cabo diálogos con defensores ambientales para visibilizar su labor y construir conjuntamente una hoja de ruta con enfoque territorial, reforzando así el compromiso del gobierno con la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú.
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