El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la suspensión temporal del proceso, cuestionando la imparcialidad de la jueza encargada del caso. Esta decisión se da tras una tutela presentada por la defensa de Uribe, que alegaba violaciones al debido proceso.
La defensa del expresidente Uribe argumentó que la jueza debió haber suspendido la audiencia inicial ante una recusación, en lugar de rechazarla por considerarla una táctica dilatoria. Al no hacerlo, se habría impedido que otro juez evaluara la situación, poniendo en entredicho la imparcialidad de la funcionaria.
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Antes de la suspensión, el juicio había comenzado formalmente, con Uribe negando las acusaciones y declarando: «No soborné ni mandé sobornar testigos, no engañé a la justicia«. El expresidente afirmó que el proceso tiene un origen político y que su objetivo principal es desacreditarlo.
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente buscar testimonios falsos para implicarlo con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema archivó el proceso contra Cepeda y, en cambio, inició una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
En 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, marcando la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente enfrentaba tal medida. Posteriormente, Uribe renunció a su escaño en el Senado, lo que trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía solicitó en varias ocasiones la preclusión del caso, argumentando falta de pruebas, pero estas solicitudes fueron denegadas. En mayo de 2024, la Fiscalía acusó formalmente a Uribe de fraude procesal y soborno en actuación penal, llevando al inicio del juicio en febrero de 2025.
Durante el juicio, la defensa de Uribe ha cuestionado la validez de ciertas pruebas, incluyendo interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. El Tribunal Superior de Bogotá admitió estas interceptaciones como evidencia, argumentando que Cadena no actuaba formalmente como abogado defensor en esas conversaciones.
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La suspensión del juicio añade una nueva capa de complejidad a un proceso que ya lleva más de una década en desarrollo. Se espera que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá revisen a fondo la acción de tutela presentada por la defensa, lo que podría prolongar aún más el desenlace de este caso histórico en la política y la justicia colombiana.
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