sábado, 22 de febrero de 2025

Se establecen 4 acuerdos para respuestas a la atención humanitaria en el Catatumbo

Tras la crisis humanitaria en el Catatumbo, la Instancia de Alto Nivel (IAN) del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) generó 4 acuerdos para acelerar la respuesta a las alertas tempranas y la ejecución de un plan de seguridad y protección.

Teniendo en cuenta la crisis humanitaria del Catatumbo, la Instancia de Alto Nivel (IAN) del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), presidido por la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, generó cuatro acuerdos para mejorar sus respuestas a las alertas tempranas. También se acordó hacer seguimiento al cumplimiento de órdenes judiciales y establecer mecanismos de seguimiento y verificación de las acciones tomadas por la Instancia.

La activación de esta Instancia es fundamental para el cumplimiento de los procesos asociados a las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, y dentro de sus responsabilidades está coordinar y dar impulso a la efectiva implementación de las diferentes instancias.

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Durante la sesión extraordinaria se estableció que entre el 16 de enero y el 10 de febrero, la Gobernación de Norte de Santander ha registrado el homicidio de 56 personas, de ellas, seis son firmantes del Acuerdo de Paz y dos son líderes sociales; nueve firmantes han sido desaparecidos forzosamente, especialmente en los municipios de Teorama y Tibú.

Además, en medio de la crisis humanitaria, 54.098 personas han huido de sus hogares y 32.448 se han confinado en medio de las hostilidades, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha registrado el desplazamiento de 177 firmantes.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yonny Peñaranda, expresó que, «se debe garantizar el retorno seguro de las personas desplazadas por la violencia en el Catatumbo. Es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por el Estado colombiano. Esperamos que la respuesta del gobierno sea rápida y efectiva para garantizar el restablecimiento de la paz.»

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un informe sobre la situación humanitaria en el Catatumbo, así como algunas recomendaciones, entre otras, que se requieren medidas desde la seguridad humana y garantías de no repetición.

«La acción militar de control territorial es solo una parte,» expresó, y agregó que las alertas tempranas deben tener priorización y una aceleración de las acciones de la Política de Desmantelamiento, y la concreción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección en la región de El Catatumbo.

· Ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), aprobado recientemente en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.

· Generar un canal directo de comunicación entre la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y la Instancia de Alto Nivel, que permita atender las alertas tempranas de forma preventiva.

· Activación y articulación del comité de impulso de las investigaciones desde el SISEP, para coadyuvar en aquellas actividades que la Fiscalía debe realizar en el marco de sus competencias, y que por circunstancias de seguridad o de logística no le es posibles desarrollar.

· Revisar las propuestas y recomendaciones que realizaron tanto la Gobernación del Norte de Santander, como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Kroc y la Misión de Verificación de la ONU, las cuales están dentro de las competencias de la Instancia de Alto Nivel para darles trámite y establecer una ruta para su cumplimiento.

Como invitados permanentes a la IAN asistieron delegados del Partido Comunes, de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

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Y como invitados a la sesión extraordinaria por la crisis humanitaria, participaron la defensora del Pueblo, Iris Marín; representantes de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final); delegados de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y de la Unidad para las Víctimas, y representantes del Instituto Kroc.

Redacción Nacional

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