En la audiencia pública, convocada por la Comisión Sexta del Senado, con el respaldo del Ministerio de Educación para analizar la reforma de la Ley 30 de 1992, se evidenció un buen ambiente para garantizar mayores recursos para las instituciones de educación superior públicas.
Así quedó evidenciado en el encuentro realizado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, donde los representantes del Gobierno y más de 500 participantes entre estudiantes, docentes, rectores y comunidad académica, coincidieron en la necesidad de garantizar más recursos para la educación superior pública en Colombia.
Durante la jornada, el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, destacó la importancia de avanzar en la transformación del sistema educativo del país y reafirmó el compromiso del Gobierno con la financiación de la educación superior pública.
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“El cambio tiene sus formas y sus tiempos, y el tiempo está corriendo, el tiempo se nos agota. El cambio tiene que materializarse”, enfatizó el alto funcionario, al referirse a la necesidad de consolidar un nuevo esquema de financiación para las universidades públicas.
En su intervención, Rojas Medellín resaltó la evolución de las transferencias de la Nación a las instituciones de educación superior y señaló que, mientras la matrícula ha crecido en un 176% entre 2000 y 2023, los recursos solo han aumentado en términos reales un 62%.
“Se ha abierto una brecha y esa brecha tiene una incidencia sobre las otras demandas como el bienestar universitario. ¿Cómo podemos hablar de bienestar universitario si los recursos están cada vez disminuyendo en términos reales?”, cuestionó.
Se refirió a la reunión que sostendrá con el Ministerio de Hacienda, de la cual dijo que “hoy tengo una reunión, precisamente, para acordar lo que debe ser el aval fiscal de este proyecto de ley y que lo podamos tener en este mismo mes, para que en el recorrido que tenga el proyecto en el Congreso de la República podamos estar tranquilos con que el Ministerio de Hacienda da su aval”.
En la audiencia pública, senadores de diferentes partidos políticos manifestaron su respaldo a la iniciativa que inicia su trámite en el Congreso de la República.
La senadora Soledad Tamayo, del partido Conservador, aseguró que “nuestro compromiso debe ser garantizar fuentes de financiación sostenibles para la universidad pública, asegurando, no solo infraestructura y más cupos, sino también la ampliación de la oferta académica. No basta con anunciar un plan, necesitamos recursos para hacerlo realidad. Este es un momento clave para debatir la reforma de la Ley 30 y lograr que más jóvenes accedan a la educación superior”.
Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, indicó que “la educación superior pública debe ser entendida como un derecho fundamental, no como un mercado. No podemos seguir permitiendo que las universidades tengan que luchar cada año por recursos insuficientes, ni que las brechas regionales y poblacionales sigan creciendo. Es momento de concertar un nuevo modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad del sistema y el acceso equitativo para todos los jóvenes del país”.
En paralelo, en la audiencia se escucharon otras voces como la de Sebastián Hernández Arroyo, consejero del Consejo Nacional de Juventudes, quien manifestó que “esta reforma al financiamiento le devuelve la dignidad que el movimiento estudiantil ha reclamado por años y que merecemos en estos espacios. La juventud colombiana es quien nutre de colores los espacios universitarios, y eso nunca se nos debe olvidar. Ahora, lo importante es que esta reforma no se quede solo en el papel; necesitamos pasar de la participación a la incidencia real y darle dientes al movimiento estudiantil”.
Entre tanto, Sara Klinger, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, dijo que “acompañamos este proyecto de ley. Necesitamos una educación superior verdaderamente autónoma y democrática, libre de corrupción y con participación real. La financiación es un avance, debemos organizarnos para transformar el sistema y garantizar un modelo que reconozca la diversidad y responda a las necesidades del país”.
La reforma a la Ley 30 plantea un nuevo modelo de financiamiento que ajuste los recursos destinados a las instituciones de educación superior, con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que resulte mayor.
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También establece un incremento progresivo de la inversión para fortalecer la cobertura, permanencia y graduación de estudiantes, ampliar la oferta educativa en los más de 800 municipios sin instituciones de educación superior y mejorar las condiciones laborales de docentes y el bienestar estudiantil.
Esta reforma entrará a primer debate en la Comisión Sexta del Senado en el actual periodo de sesiones ordinarias.