Según la JEP además de estas 604 víctimas, la sala documentó el asesinato de otras 13 personas, las cuales fueron presentadas como bajas en combate.
viernes, 18 de abril de 2025
Según la JEP además de estas 604 víctimas, la sala documentó el asesinato de otras 13 personas, las cuales fueron presentadas como bajas en combate.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 militares, incluidos cinco generales, señalados como máximos responsables de 604 ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” ocurridas en la región Caribe. Estas muertes ilegales fueron presentadas por unidades militares como bajas en combate entre los años 2002 y 2008.
La decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, luego de analizar una muestra representativa de las bajas reportadas por 19 unidades militares durante ese periodo. La revisión incluyó 796 muertes atribuidas a resultados operacionales, de las cuales el 76 %, es decir, 604, se determinó que fueron ejecuciones ilegales.
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Entre los imputados se encuentran también siete coroneles, entre ellos William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007. Otros 16 oficiales y suboficiales fueron responsabilizados por su rol en la implementación de estas prácticas o por su participación directa en los crímenes.
La JEP también identificó otros 13 asesinatos cometidos fuera del periodo priorizado, es decir, antes de 2002 o después de 2008, que igualmente fueron presentados falsamente como muertes en combate.
Uno de los casos más estremecedores fue narrado por el magistrado Óscar Parra, quien relató el asesinato de un adolescente en 1995. Según la investigación, los militares le detonaron una granada en la cabeza para luego pasear su cuerpo por las calles de San Pablo, Bolívar, presentándolo como un guerrillero abatido.
La JEP concluyó que los generales imputados fueron “máximos responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, según lo indica el expediente judicial.
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Entre las 604 víctimas confirmadas entre 2002 y 2008 se encuentran 31 indígenas de los pueblos wiwa, wayú y kankuamo; 26 menores de edad; y 14 mujeres, una de ellas embarazada. Hasta el momento, 122 víctimas aún no han sido plenamente identificadas.
El magistrado Parra también señaló que los pueblos indígenas sufrieron un daño desproporcionado y diferenciado como resultado de estos crímenes, lo que provocó su desplazamiento forzado, desarraigo y un deterioro profundo de su seguridad alimentaria y de sus estructuras sociales y económicas.
#Nacional | 28 miembros retirados del Ejército, entre ellos tres generales, fueron imputados por la JEP(@JEP_Colombia) por crímenes de guerra y lesa humanidad a raíz de 604 falsos positivos en los siete departamentos de la Costa Caribe 📸Archivo pic.twitter.com/hWZPs4tKL2
— Doomo Editorial (@DoomoEditorial) April 8, 2025