El embajador de Colombia en El Vaticano, Iván Velásquez y la Fiscal General, Luz Adriana Camargo son requeridos por la justicia de Guatemala por un presunto detrimento patrimonial.
viernes, 6 de junio de 2025
El embajador de Colombia en El Vaticano, Iván Velásquez y la Fiscal General, Luz Adriana Camargo son requeridos por la justicia de Guatemala por un presunto detrimento patrimonial.
La justicia guatemalteca ha emitido órdenes de captura contra Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en El Vaticano y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo, fiscal general y exintegrante de la misma comisión. Estas acciones están relacionadas con presuntas irregularidades en acuerdos de cooperación eficaz con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht durante su labor en la CICIG.
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El Ministerio Público de Guatemala, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), sostiene que Velásquez y Camargo habrían favorecido a directivos de Odebrecht mediante acuerdos que resultaron en un perjuicio económico para el Estado guatemalteco, estimado en aproximadamente Q3 mil millones(aproximadamente 390 millones de dólares) . Se alega que estos acuerdos permitieron a los ejecutivos de Odebrecht evitar sanciones penales a cambio de información, lo que, según las autoridades guatemaltecas, constituyó una defraudación al Estado.
La FECI también presentó como evidencia correos electrónicos en los que Camargo, supuestamente, solicitaba modificaciones a los acuerdos de colaboración eficaz, en coordinación con la entonces fiscal general Thelma Aldana y Velásquez. Estos correos son parte de las pruebas que sustentan las acusaciones en su contra.
Además de Velásquez y Camargo, las órdenes de captura incluyen a otras figuras destacadas, como la exfiscal general Thelma Aldana, el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval y otros exfuncionarios de la CICIG. La Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala fue la encargada de emitir estas órdenes, a solicitud del Ministerio Público y basándose en denuncias presentadas por la Fundación Contra el Terrorismo.
Estas acciones han generado tensiones diplomáticas entre Colombia y Guatemala desde 2023. Desde entonces el gobierno colombiano ha expresado su rechazo a las acusaciones y ha defendido la labor de Velásquez y Camargo en la lucha contra la corrupción.
Es importante destacar que tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad diplomática debido a sus cargos actuales en el gobierno colombiano. Además, no existe una solicitud formal de extradición por parte de Guatemala hacia Colombia en relación con estos casos.
Las acusaciones han sido interpretadas por algunos sectores como una represalia política contra exfuncionarios de la CICIG, una entidad que desempeñó un papel crucial en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso del sistema judicial guatemalteco para perseguir a quienes combatieron la impunidad en el país.
La CICIG, bajo el liderazgo de Velásquez y con la participación de Camargo, llevó a cabo investigaciones significativas que resultaron en la desarticulación de redes de corrupción y la presentación de cargos contra altos funcionarios guatemaltecos. Su labor fue ampliamente reconocida a nivel internacional, aunque también generó controversia y oposición dentro de ciertos sectores en Guatemala.
Las órdenes de captura emitidas recientemente se enmarcan en un contexto más amplio de acciones legales emprendidas por el Ministerio Público guatemalteco contra exintegrantes de la CICIG y otros actores que participaron en investigaciones anticorrupción. Estas acciones han sido criticadas por considerarse un intento de revertir los avances logrados en la lucha contra la corrupción en el país.
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La comunidad internacional, incluyendo organizaciones como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha instado a Guatemala a garantizar la independencia judicial y a evitar el uso del sistema de justicia para fines políticos o de represalia. La situación continúa siendo objeto de seguimiento y análisis por parte de diversos actores a nivel global.