En medio de las esperadas críticas, la Cámara de los Comunes de Reino Unido aprobó una enmienda que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo incluso después de las 24 semanas.
jueves, 19 de junio de 2025
En medio de las esperadas críticas, la Cámara de los Comunes de Reino Unido aprobó una enmienda que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo incluso después de las 24 semanas.
El 17 de junio, la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda al Crime and Policing Bill, eliminando la posibilidad de procesar penalmente a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, incluso después de las 24 semanas.
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La votación resultó en un contundente 379 votos a favor frente a 137 en contra, reflejando un respaldo amplio y transpartidista.
La reforma apunta a derogar partes del Offences Against the Person Act de 1861, una ley victoriana que tipificaba el aborto como delito, y que permanecía activa pese a la aprobación del Abortion Act de 1967.
La enmienda fue presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, quien argumentó que las mujeres estaban siendo sometidas a investigaciones policiales y que la ley penal obsoleta generaba falta de justicia y castigos innecesarios.
El objetivo principal es poner fin al hostigamiento judicial de mujeres, incluidas víctimas de abuso, tráficos forzados, abortos espontáneos o partos prematuros, áreas en las que la policía abrió más de 100 investigaciones desde 2020 .
Además se mantiene la restricción de telemedicina hasta la semana 10, introducida durante la pandemia, y las interrupciones voluntarias del embarazo fuera de este marco o sin consentimiento siguen enfrentando sanciones en proveedores médicos.
Médicos y la British Medical Association (BMA) respaldaron la medida, calificándola como “muy necesaria y adecuada a la realidad sanitaria”, pues reconocen que el aborto es una necesidad de salud, no un delito.
No obstante, surgieron críticas desde sectores conservadores. La exdiputada Miriam Cates y la escritora Kathleen Stock advirtieron que podría abrir la puerta al “DIY abortions” (abortos caseros tardíos), generando riesgos sanitarios y presión indebida.
El arzobispo de Liverpool, John Sherrington, calificó el cambio como una despenalización hasta el nacimiento, y denunció que dejaría a las mujeres “más vulnerables a manipulaciones y abortos forzados”.
Analistas políticos destacaron que esta fue una votación libre, sin control partidista, lo que permitió a los diputados actuar “según conciencia”, especialmente en asuntos éticamente delicados.
La postura laborista ha sido ambivalente. Aunque muchos consideran el avance como histórico para los derechos reproductivos, hay quienes reclaman una medida más amplia que garantice el aborto como un derecho legal explícito.
El proceso legislativo continúa: la enmienda debe pasar luego al House of Lords, que puede demorar su aprobación pero no bloquearla definitivamente, y tras ella solo espera la sanción real (royal assent).
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Si se convierte en ley, Reino Unido se convertiría en uno de los países más progresistas en derechos reproductivos, alineándose con Francia, Canadá y Australia, y distanciándose de la tendencia regresiva observada en algunos estados de EE.UU, que echaron abajo leyes que permitían la interrupción voluntaria del embarazo.