jueves, 3 de julio de 2025

Contraloría de Bogotá detecta inconsistencias en el inventario de contenedores de basura

La Contraloría asignó a más de 150 funcionarios para verificar en terreno los puntos georreferenciados por la UAESP.

La Contraloría de Bogotá desplegó este jueves un operativo de inspección en diferentes puntos de la ciudad para verificar el estado y la existencia de los contenedores de basura instalados por los operadores de aseo. La jornada hace parte de una actuación especial de fiscalización sobre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Desde la localidad de Engativá, el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz, informó que el objetivo es corroborar si los contenedores reportados como instalados realmente existen, y en qué condiciones se encuentran en cuanto a funcionamiento y mantenimiento.

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“Los cinco operadores debían disponer cerca de 10.700 contenedores en todo Bogotá. Sin embargo, hasta la fecha hemos encontrado inconsistencias y diferencias significativas entre los datos reportados por la interventoría y por la UAESP”, señaló Ruiz.

Los contratos con los operadores de aseo, firmados en octubre de 2018 como parte del nuevo esquema de recolección, barrido y limpieza para las cinco zonas en que se divide la ciudad, establecen la obligación de instalar al menos 10.700 contenedores en el espacio público. Casi siete años después, el ente de control ha identificado discrepancias entre los registros oficiales y la infraestructura existente.

La Contraloría de Bogotá asignó a más de 150 funcionarios para verificar en terreno los puntos georreferenciados por la UAESP. Cada contenedor es evaluado según su ubicación, estado físico, funcionalidad y condiciones generales, con el fin de establecer si se cumplen los compromisos contractuales.

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“Este ejercicio busca determinar el uso adecuado de los recursos públicos invertidos en la limpieza de la ciudad y fortalecer la prestación del servicio de aseo”, agregó el contralor.

La actuación especial se extenderá hasta agosto de 2025. Los resultados del proceso podrían derivar en acciones correctivas o sancionatorias, según los hallazgos.

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