La demanda ante el Consejo de Estado solicita la nulidad de la resolución y el restablecimiento del control judicial efectivo.
jueves, 3 de julio de 2025
La demanda ante el Consejo de Estado solicita la nulidad de la resolución y el restablecimiento del control judicial efectivo.
En el Consejo de Estado fue radicada una demanda de nulidad contra la Resolución No. 161 del 23 de mayo de 2025, expedida por el Gobierno nacional, mediante la cual se establece una zona de ubicación temporal para el Frente 33 de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.
El recurso fue interpuesto por el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien argumenta que la medida representa una violación de principios constitucionales, y advierte sobre un presunto exceso en las competencias del Ejecutivo.
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“Colombia ya vivió el error de crear zonas donde el Estado renuncia a su soberanía. Esta resolución abre un boquete legal e institucional que debilita el Estado de derecho y pone en riesgo la seguridad jurídica del país”, sostuvo Galán. Según el dirigente, la decisión podría incluso afectar la cooperación internacional y derivar en una eventual descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos u otros países.
Galán también cuestionó la legalidad del acto administrativo, asegurando que no cuenta con suficiente motivación, no fue consultado con otras instituciones del Estado y no cumple con los controles exigidos por la Constitución en procesos de paz. Además, señaló que se vulneran tratados internacionales sobre derechos humanos y cooperación judicial, y se omite el principio de reserva judicial para la suspensión de órdenes de captura y extradición.
La demanda solicita la nulidad de la resolución y el restablecimiento del control judicial efectivo sobre las decisiones relacionadas con las capturas, extradiciones y sometimientos, en concordancia con los requisitos establecidos previamente por la Corte Constitucional.
La resolución en cuestión se emitió tras un encuentro entre la delegación de paz del Gobierno y representantes del Frente 33, una de las estructuras armadas ilegales que integran el Bloque Magdalena Medio “Gentil Duarte”, parte del llamado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), conocido también como disidencias de ‘Calarcá’.
El presidente Gustavo Petro confirmó el acuerdo el pasado 3 de mayo en su cuenta de X, señalando que la zona de ubicación busca facilitar la “dejación de la violencia” por parte de esta estructura armada. La medida se adoptó en el marco de la Ley 2272, que establece los lineamientos de la “paz total”.
“El Gobierno y el Frente 33 acuerdan zona de paz para la dejación de la violencia. Allí se congregarán los combatientes y armas del Frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”, escribió el mandatario.
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La zona de ubicación ha sido objeto de debate, especialmente por tratarse de un territorio afectado históricamente por la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de grupos armados ilegales.
El proceso de revisión ante el Consejo de Estado ahora entra en etapa de estudio para determinar si la resolución vulnera o no los marcos legales y constitucionales vigentes.