jueves, 10 de julio de 2025

Fiscalía solicita principio de oportunidad para exasesora clave en escándalo de la UNGRD

De acuerdo con la exfuncionaria, el propósito era canalizar recursos para presuntamente comprar apoyo de congresistas, a cambio de contratos de la UNGRD.

La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juez de control de garantías la solicitud de principio de oportunidad a favor de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, implicada en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La audiencia para formalizar la legalización del beneficio está programada para el próximo 22 de julio. De ser aprobada, permitiría suspender la acción penal en contra de Benavides, siempre y cuando colabore con la justicia, aporte información relevante y ayude a identificar a otros responsables en la red de corrupción.

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Benavides se ha convertido en una testigo clave dentro de la investigación. Según su testimonio ante la Fiscalía, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla estaría vinculado a una operación ilegal para facilitar la aprobación de una millonaria línea de crédito internacional a finales de 2023. En dicha maniobra también habrían participado el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.

De acuerdo con la exfuncionaria, el propósito era canalizar recursos para presuntamente comprar apoyo de congresistas, a cambio de contratos de la UNGRD, con el fin de lograr la aprobación de los créditos. Benavides aseguró que hubo acuerdos políticos a cambio de contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

En su declaración, también reveló que contactó directamente a legisladores, entre ellos a Karen Manrique, representante de las curules de paz, interesada en un contrato en Arauca.

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La información proporcionada por Benavides coincide con los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes señalaron que funcionarios del alto gobierno ofrecieron contratos por $92.000 millones para asegurar la votación favorable a los créditos en el Congreso.

La Fiscalía considera que los aportes de Benavides Soto podrían ser determinantes para avanzar en la judicialización de altos funcionarios y esclarecer completamente el entramado de corrupción que ha golpeado a la UNGRD.

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