En medio de su persecusión a los migrantes, Donald Trump apeló a una antigua ley para tomar control de la policía de Washington.
jueves, 14 de agosto de 2025
En medio de su persecusión a los migrantes, Donald Trump apeló a una antigua ley para tomar control de la policía de Washington.
El 11 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump anunció un histórico control federal sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C., invocando la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia (“Home Rule Act”) con el argumento de una emergencia de seguridad pública en la capital. La medida autoriza al presidente a tomar control temporal durante hasta 30 días.
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Trump describió a Washington como dominada por “pandillas violentas y criminales sedientos de sangre” y lo calificó como un acto de “liberación” para la ciudad. El despliegue incluyó 800 soldados de la Guardia Nacional, quienes se unirían a agentes federales para patrullar las calles.
La decisión también contempló la designación de la fiscal general Pam Bondi al mando del MPD, con el administrador interino de la DEA, Terry Cole, como comisionado.
Sin embargo, las cifras oficiales muestran lo contrario: la delincuencia violenta en D.C. ha disminuido notablemente, alcanzando su nivel más bajo en 30 años —con una baja del 26 % en crímenes violentos este año—, lo que generó críticas intensas.
Funcionarios locales como la alcaldesa Muriel Bowser calificaron la intervención como “inquietante e inconstitucional”, advirtiendo que la medida debilita la autonomía local y reaviva el debate sobre la estadidad de D.C.
La delegada federal Eleanor Holmes Norton la describió como un “ataque atroz” y exigió nuevamente que D.C. sea reconocido como estado para evitar abusos de poder. El fiscal general Brian Schwalb calificó la medida como ilegal y anunció acciones legales.
El despliegue incluía no solo soldados de la Guardia Nacional, sino también agentes federales del FBI, ICE, DEA, ATF, y U.S. Marshals, intensificando la presencia federal en D.C.
El impacto en materia migratoria se anticipa significativo: grupos civiles alertan por deportaciones aceleradas y hostigamiento a inmigrantes, dada la presencia intensificada de agencias como ICE.
Los defensores de derechos civiles, como directora de ACLU, denunciaron que se emplea una emergencia ficticia, rompiendo con normas democráticas, y afirmaron que los ciudadanos de D.C. están siendo tratados como “tercera clase”.
El episodio también sirvió a Trump para advertir que otras ciudades democráticas como Nueva York, Chicago, Baltimore y Oakland podrían enfrentar la misma intervención federal —una estrategia utilizada en Los Ángeles en junio.
Constitucionalistas alertaron que la medida podría violar el Posse Comitatus Act, que prohíbe usar fuerzas militares en funciones policiales, y que puede sentar un precedente peligroso para la democracia local.
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En definitiva, la acción de Trump no solo reconfigura el equilibrio político y institucional en Washington, sino que representa una escalada federalista con efectos previsibles en políticas migratorias, al tiempo que intensifica las tensiones entre el poder central y la autonomía democrática de la capital.