El drama de Kilmar Ábrego aún no termina, aunque regresó a territorio estadounidense ahora es amenazado con ser deportado a Uganda.
martes, 26 de agosto de 2025
El drama de Kilmar Ábrego aún no termina, aunque regresó a territorio estadounidense ahora es amenazado con ser deportado a Uganda.
Kilmar Armando Ábrego García nació en San Salvador en julio de 1995. A causa de las amenazas de pandillas como Barrio 18 contra su familia, fue enviado junto con su hermano a EE.UU. alrededor de 2011–2012. Ingresó irregularmente al país como menor de edad y desde entonces ha vivido en Maryland con su esposa y tres hijos.
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En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, al considerar que enfrentaba un riesgo real de persecución. Solicitó asilo, aunque fue negado, la protección judicial impedía su expulsión al país. Ábrego se integró a la comunidad local y trabajó en construcción.
A pesar de esa protección legal, el 15 de marzo de 2025 fue deportado por “error administrativo” a El Salvador y recluido en la prisión de alta seguridad CECOT, sin juicio ni procedimiento adecuado.
La jueza Paula Xinis calificó la deportación como ilegal y ordenó su retorno antes del 7 de abril. El tribunal de apelación defendió que EE.UU. tiene jurisdicción para corregir sus errores, incluso si la persona está fuera del territorio estadounidense.
La disputa escaló hasta la Corte Suprema, que respaldó el fallo inferior y ordenó al Gobierno facilitar su regreso. No obstante, la administración Trump resistió, alegando límites en su autoridad para recuperar a personas detenidas en el extranjero.
En junio, Ábrego fue expulsado nuevamente —esta vez “correctamente”— y enfrentó cargos federales en Tennessee por presunta conspiración para traficar personas indocumentadas, cargos que él niega.
Sus abogados sostienen que los cargos son retaliatorios, como represalia por su lucha legal, y señalan tácticas coercitivas del DHS para conseguir un acuerdo: le ofrecieron enviarlo a Costa Rica como refugiado si aceptaba los cargos, amenazándolo con deportación a Uganda en caso contrario.
Varias juezas (Crenshaw, Holmes y Xinis) concluyeron que Ábrego no representa un peligro ni riesgo de fuga. Ordenaron su liberación bajo condiciones (monitoreo electrónico), con la garantía de 3 días de preaviso antes de intentar deportarlo nuevamente.
Tras asistir a una citación de ICE, fue detenido nuevamente en Baltimore. Su familia y defensores realizaron manifestaciones frente a oficinas de ICE, denunciando el caso como símbolo de abuso de poder y políticas anti-inmigrantes.
El Gobierno busca deportarlo a Uganda —país sin la lengua local ni vínculos con Ábrego— lo cual su equipo legal ha impugnado por indebido e inconstitucional. Un juez federal ha congelado ese plan mientras se evalúa su derecho a un debido proceso.
El caso ha expuesto los extremos del sistema migratorio: errores administrativos, uso de leyes obsoletas como el Alien Enemies Act, y falta de controles judiciales efectivos. Se ha convertido en un eje de debate sobre cómo EE.UU. deporta a sospechosos sin respetar el debido proceso.
Hoy, Kilmar Ábrego representa un símbolo de las comunidades latinoamericanas afectadas por deportaciones arbitrarias y políticas punitivas. Tras apelar continuamente, su caso refleja tanto deficiencias del sistema como la capacidad de resistencia judicial ante el poder ejecutivo.
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Kilmar Ábrego García pasó de vivir tranquilamente en Maryland a enfrentar una deportación ilegal, simbolizando un fallo grave del sistema migratorio. Su retorno y liberación parcial son fruto de la vivienda judicial que cuestiona la ley migratoria actual. Su caso sigue abierto y continúa generando controversia sobre el equilibrio entre seguridad, poder ejecutivo y derechos humanos.