A raíz de unos contratos suscritos con la UPTC, la Procuraduría destituyó e inhabilitó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.
martes, 26 de agosto de 2025
A raíz de unos contratos suscritos con la UPTC, la Procuraduría destituyó e inhabilitó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.
La ciudad de Tunja enfrenta un vacío de poder tras la destitución de su alcalde, Mikhail Krasnov, decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación en primera instancia. La sanción incluye no solo su salida inmediata del cargo, sino también una inhabilidad de 14 años para ejercer funciones públicas, lo que marca un duro golpe en la política local.
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La decisión se sustentó en que Krasnov se inscribió como candidato a la Alcaldía de Tunja y posteriormente tomó posesión del cargo, a pesar de encontrarse legalmente inhabilitado para hacerlo. La Procuraduría argumentó que las pruebas demuestran la existencia de un vínculo contractual previo que comprometía su elegibilidad.
Según el fallo, en diciembre de 2022, el entonces candidato firmó un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Este acuerdo, aunque de corta duración, se convirtió en el elemento determinante que lo dejó fuera del marco legal para aspirar a un cargo de elección popular en 2023.
El contrato, valorado en $8.129.040, tenía como objeto la prestación de servicios profesionales como magíster en economía. En concreto, Krasnov debía apoyar actividades de capacitación para estudiantes del semillero del grupo de investigación SOECOM, con énfasis en la revisión de documentos académicos y la redacción de artículos científicos en inglés y alemán.
La Procuraduría recordó que la ley establece una inhabilidad para quienes han celebrado contratos con entidades públicas dentro de un año previo a la elección. En este caso, al haberse inscrito como candidato en 2023, apenas habían transcurrido alrededor de 10 meses desde la finalización del contrato, incumpliendo así la norma.
La inhabilidad quedó claramente configurada porque se trató de un contrato con una universidad estatal, adscrita al sector público, lo que generaba un impedimento legal insalvable para su aspiración a la Alcaldía. Esto, según la Procuraduría, no podía ser desconocido por Krasnov al momento de formalizar su inscripción.
El proceso sancionatorio ha generado polémica en la capital boyacense, pues Krasnov había construido una imagen de renovación política y se presentaba como una alternativa independiente. Su destitución no solo interrumpe su gestión, sino que también abre interrogantes sobre el rumbo administrativo de la ciudad.
En lo jurídico, la defensa del exalcalde aún puede interponer recursos en segunda instancia para intentar revertir la decisión. Sin embargo, mientras tanto, su salida del cargo es efectiva, lo que obliga a nombrar un alcalde encargado que garantice la continuidad institucional en Tunja.
La Procuraduría enfatizó que la sanción busca proteger la transparencia electoral y la igualdad de condiciones en los procesos democráticos, reafirmando que ningún candidato puede desconocer las inhabilidades establecidas por la ley. Este caso, además, sirve como advertencia para futuros aspirantes a cargos de elección popular.
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La destitución de Krasnov marca un nuevo capítulo en la política regional, dejando a Tunja en medio de la incertidumbre. A la espera de la decisión final en segunda instancia, el proceso refuerza el debate sobre los controles y requisitos que deben cumplir quienes aspiran a gobernar en el ámbito local.