La Corte Suprema revisará la tutela que otorgó la libertad al expresidente Álvaro Uribe, mientras se define su condena definitiva el próximo mes de octubre.
jueves, 28 de agosto de 2025
La Corte Suprema revisará la tutela que otorgó la libertad al expresidente Álvaro Uribe, mientras se define su condena definitiva el próximo mes de octubre.
La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Penal, revisará en segunda instancia la tutela que permitió la libertad de Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.
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Esta decisión se da después de que el Tribunal Superior de Bogotá concluyera que la jueza 44 penal, Sandra Heredia, había utilizado criterios “vagos, indeterminados e imprecisos” para justificar la medida de aseguramiento, tales como “la percepción ciudadana” o “el efecto ejemplarizante”.
Ahora, el caso pasa a manos de la Sala Penal de la Corte, conformada por la magistrada presidenta Myriam Ávila Roldán y los magistrados Gerson Chaverra y Diego Corredor, siendo este último quien actuará como ponente encargado del estudio del proceso.
Es importante aclarar que la medida de libertad a Uribe no equivale a una absolución: la tutela solamente permitió que él se defienda en libertad mientras se resuelve en segunda instancia el fallo condenatorio de la jueza Heredia.
La jueza 44 penal había argumentado que la prisión domiciliaria era necesaria debido a la gravedad de los delitos y su posible impacto en la confianza ciudadana en la justicia. También consideró que Uribe tiene reconocimiento internacional que podría facilitar una eventual evasión.
Sin embargo, el Tribunal Superior objetó esos argumentos, señalando que los delitos puntuales a los que se vinculó no justificaban por sí solo una medida restrictiva basada en consideraciones abstractas como la convivencia pacífica o el orden social.
En paralelo, la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, presentó una tutela alegando vulneración de derechos fundamentales, incluidos el debido proceso, la dignidad humana y la presunción de inocencia, debido a la detención inmediata pese a que la condena no está en firme.
Además, se había intentado suspender la orden de captura, pero el Tribunal Superior la dejó en firme, argumentando que no se cumplían los requisitos de urgencia y necesidad para intervenir en la tutela con medidas provisionales.
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El caso se encuentra en un momento decisivo: la Corte Suprema podría confirmar la libertad de Uribe o revertirla. La resolución tendrá un impacto político significativo, pues condiciona su participación política futura y podría reavivar tensiones entre el poder judicial y el liderazgo político en Colombia.