El Parque Nacional se ha convertido en los últimos años en un escenario recurrente de asentamientos temporales de comunidades indígenas.
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El Parque Nacional se ha convertido en los últimos años en un escenario recurrente de asentamientos temporales de comunidades indígenas.
Las autoridades distritales de Bogotá denunciaron formalmente a Fernando Manugama Sintúa, un líder indígena de 42 años, a quien señalan de exigir un pago de 25 millones de pesos para permitir el traslado de un grupo de indígenas que aún permanece asentado en el Parque Nacional Natural, en el centro de la capital.
De acuerdo con la Secretaría de Integración Social y la Consejería Distrital para la Paz, Víctimas y Reconciliación, el vocero habría condicionado la salida de al menos 100 indígenas que no se acogieron al proceso de retorno iniciado el lunes pasado. Según el Distrito, Manugama también ha restringido el ingreso de funcionarios de salud y educación, impidiendo la verificación de las condiciones de los menores de edad que permanecen en el asentamiento.
Te puede interesar: Riña en Chapinero dejó tres heridos y dos capturados tras activación accidental de una alarma de vehículo
La denuncia lo señala por los presuntos delitos de extorsión, obstrucción a la función pública y constreñimiento ilegal. En el memorando elevado a la justicia se advierte que no sería la primera vez que su nombre aparece vinculado a solicitudes económicas de este tipo, presentadas bajo el argumento de gestionar o impulsar el retorno de comunidades desplazadas.
El Distrito sostiene que se trata de exigencias ilegales que no corresponden a procesos de concertación. “No pueden ser renegociadas porque son unas garantías que están establecidas en la ley, no están sujetas a qué tan hábil es o no el vocero para negociar, sino que es lo que la ley nos indica, que es a lo que tienen derecho las personas que han sido desplazadas forzosamente. Adicionalmente, este vocero lo que decide hacer es cobrarle a un funcionario del distrito 25 millones de pesos para poder gestionar ese traslado efectivo de las personas, lo cual, pues, es extorsivo y es constreñimiento”, explicó Isabelita Mercado, consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación.
El documento radicado por la administración distrital señala que las pruebas recaudadas incluyen testimonios de funcionarios que recibieron las presuntas presiones en repetidas ocasiones, así como actas de inspección realizadas en el lugar del asentamiento.
En el texto de la denuncia, el Distrito afirma haber actuado conforme al deber legal: “En cumplimiento del deber legal de denunciar los hechos que puedan constituir infracción penal, y con pleno conocimiento de las excepciones previstas por la ley, manifestamos que actuamos de buena fe y con fundamento en hechos verídicos y verificables”.
También puedes leer: Distrito denunció presunta extorsión en medio del retorno de indígenas del Parque Nacional
El Parque Nacional se ha convertido en los últimos años en un escenario recurrente de asentamientos temporales de comunidades indígenas desplazadas por la violencia. Estos grupos reclaman garantías de retorno seguro y asistencia humanitaria mientras permanecen en la capital.
El caso de Manugama Sintúa añade un nuevo capítulo a la tensión entre el Distrito y algunos voceros comunitarios, en un contexto en el que los derechos de las familias desplazadas, especialmente de niños y niñas, se cruzan con denuncias sobre prácticas de presión y posibles irregularidades en los procesos de negociación.
El proceso ahora queda en manos de la justicia penal, que deberá determinar si existen méritos suficientes para avanzar con imputaciones formales contra el líder indígena.