Una intervención policial en un hogar juvenil de Las Cruces será investigada por el ICBF, la Procuraduría y la Defensoría por un presunto abuso de la fuerza por parte de las autoridades.
domingo, 14 de septiembre de 2025
Una intervención policial en un hogar juvenil de Las Cruces será investigada por el ICBF, la Procuraduría y la Defensoría por un presunto abuso de la fuerza por parte de las autoridades.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, adelanta una intervención en un hogar infantil ubicado en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá. La institución es administrada por una congregación religiosa que presta servicios al Estado mediante un contrato a nivel distrital.
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El hecho que motivó la intervención se produjo tras una pelea entre menores que residen en este hogar, situación que escaló hasta requerir la presencia de la Policía del cuadrante. Sin embargo, la manera en que los uniformados atendieron el episodio generó fuertes cuestionamientos.
Según las denuncias, los policías que llegaron al lugar habrían hecho un uso desproporcionado de la fuerza contra los niños y adolescentes. Estas versiones despertaron preocupación en organizaciones de derechos humanos y en entidades estatales, por tratarse de una población altamente vulnerable.
El ICBF fue enfático en señalar que cualquier procedimiento policial en entornos donde se encuentren niños, niñas y adolescentes debe estar a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia. La normativa colombiana dispone que solo este cuerpo especializado tiene la formación y competencias para actuar en estos casos.
La entidad recordó que, en el marco del restablecimiento de derechos de la niñez, las instituciones estatales están obligadas a garantizar un trato protector y diferenciado, alejado de prácticas que puedan revictimizar a los menores que ya han sufrido distintas formas de violencia.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo también anunciaron que acompañarán la verificación de lo ocurrido, con el fin de determinar si existieron excesos de parte de los uniformados y si se vulneraron derechos fundamentales de los menores dentro del hogar infantil.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente sobre lo sucedido. Señaló que las niñas involucradas en el incidente son víctimas de violencias intrafamiliares y de múltiples formas de maltrato, razón por la cual llegan a estas instituciones en busca de protección.
Petro insistió en que “jamás las víctimas deben ser encarceladas y menos, si son menores de edad”. Sus palabras fueron interpretadas como un llamado directo a las autoridades a tratar a los niños y adolescentes como sujetos de especial protección, no como infractores.
La polémica se inserta en un debate más amplio sobre el papel del Estado en la protección de la niñez en Colombia. El caso de Las Cruces evidencia tensiones entre la obligación de brindar seguridad y la necesidad de garantizar que esa seguridad no se traduzca en represión.
Expertos consultados señalan que hechos como este ponen de relieve la urgencia de fortalecer la capacitación de la Fuerza Pública en protocolos de actuación con menores, especialmente en contextos de instituciones de acogida, donde confluyen historias de violencia, abandono y vulneración de derechos.
De comprobarse el uso indebido de la fuerza, las autoridades deberán establecer responsabilidades disciplinarias y, eventualmente, penales contra los uniformados. Esto con el fin de enviar un mensaje claro: la niñez no puede ser objeto de prácticas policiales que contradigan el enfoque protector que exige la ley.
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Mientras tanto, el ICBF aseguró que continuará monitoreando la situación de los menores en el hogar infantil de Las Cruces y revisará las condiciones en que opera la congregación religiosa que administra la institución. El objetivo, según la entidad, es garantizar que los niños y adolescentes reciban un trato digno, seguro y respetuoso de sus derechos.