Una sanción restaurativa de 8 años, recibieron los miembros del exsecretariado de las FARC por más de 20.000 casos de secuestro.
miércoles, 17 de septiembre de 2025
Una sanción restaurativa de 8 años, recibieron los miembros del exsecretariado de las FARC por más de 20.000 casos de secuestro.
El 16 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó una sentencia histórica condenando con ocho años de sanción restaurativa a siete exintegrantes del último Secretariado de las FARC por su responsabilidad en cerca de 21.900 casos de secuestro. No irán a prisión, según este modelo de justicia transicional.
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La sanción restaurativa comprende tareas como búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, recuperación ecológica, reparación simbólica, memoria del conflicto, y otros proyectos con contenido reparador.
Los sentenciados son siete exlíderes del antiguo Secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverri (“Timochenko”); Pablo Catatumbo Torres Victoria; Pastor Lisandro Alape Lascarro (“Pastor Alape”); Milton de Jesús Toncel Redondo (“Joaquín Gómez”); Jaime Alberto Parra Rodríguez (“El Médico”); Julián Gallo Cubillos (“Carlos Antonio Lozada”); y Rodrigo Granda Escobar (“Ricardo Téllez” o “Canciller de las FARC”).
La JEP los consideró “máximos responsables” de una política sistemática de secuestros llevada a cabo por las FARC para financiar operaciones, canjear prisioneros, ejercer control territorial y generar contactos de intercambio. Ellos reconocieron responsabilidad, lo que permitió que la sanción fuera la máxima dentro del modelo restaurativo.
En su reacción pública, los exlíderes condenados admitieron que el secuestro fue una “carga moral” que pesará sobre sus hombros, pidieron perdón a las víctimas y comprometieron esfuerzos concretos para reparar el daño histórico causado.
Sin embargo, algunas víctimas y representantes sociales manifestaron insatisfacción, señalando que la sanción restaurativa no incorpora compensaciones económicas significativas y que la verdad y la reparación simbólica pueden sentirse insuficientes ante el enorme daño causado.
Desde la oposición política, sectores críticos consideran que la decisión de la JEP es demasiado indulgente, argumentando que es necesario que estos exjefes paguen penas privativas de libertad, dejando claro que para muchos la justicia debe implicar cárcel y no solo sanciones simbólicas o de otro tipo.
La JEP aclaró que la sanción restaurativa no implica cárcel, ya que en el Acuerdo de Paz de 2016 se pactaron penas alternativas para quienes reconozcan responsabilidad, contribuyan a la verdad y acepten estas sanciones.
Otro aspecto destacado es que los sancionados podrán conservar sus derechos políticos, algo que ha generado debate, pues algunos opinan que mantener participación política después de reconocer responsabilidad en secuestros puede generar revictimización o desacuerdo moral.
Naciones Unidas reaccionó anunciando que supervisará el cumplimiento de la sentencia restaurativa, a través de observación externa, especialmente en los componentes de verdad, reparación y memoria.
El fallo también implica que los exlíderes permanecerán bajo monitoreo permanente mediante dispositivos electrónicos, restricciones en movilidad y residencia, participación en los proyectos asignados, y otras obligaciones durante esos ocho años.
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La sentencia constituye un hito en justicia transicional en Colombia: marca la primera sentencia de la JEP contra dirigentes superiores por secuestro masivo, pone en el centro la reparación simbólica y social como parte de la memoria histórica, pero también exhibe tensiones entre víctimas, sociedad civil y oposición sobre la magnitud y naturaleza de la justicia que consideran adecuada.