jueves, 9 de octubre de 2025

JEP dictó segunda sentencia restaurativa: 12 exmilitares condenados por falsos positivos del Batallón La Popa

Con este fallo, la JEP avanza en el esclarecimiento de uno de los capítulos más graves y dolorosos del conflicto armado colombiano.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este 18 de septiembre su segunda sentencia restaurativa contra máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia. En esta ocasión, la justicia transicional sancionó a 12 exintegrantes del Batallón de Infantería La Popa, con sede en Valledupar (Cesar), por su responsabilidad en 127 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como falsos positivos.

Los exmilitares, hoy en retiro, recibieron sanciones propias que contemplan restricciones de libertad por un periodo de hasta ocho años. Se trata de Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra. De los 15 uniformados inicialmente imputados, tres no aceptaron los cargos y deberán afrontar juicios adversariales.

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La sentencia está enmarcada en el macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como muertes en combate por agentes del Estado. Según los registros de la JEP, en todo el país hay 4.222 víctimas acreditadas en estos hechos y 22 exintegrantes de la Fuerza Pública han reconocido su responsabilidad.

La investigación determinó que, entre enero de 2002 y julio de 2005, militares de La Popa actuaron en connivencia con estructuras paramilitares de Cesar y La Guajira para asesinar a civiles —en su mayoría pertenecientes a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo— y reportarlos como guerrilleros caídos en operaciones. Los testimonios de los comparecientes permitieron establecer que los paramilitares seleccionaban a las víctimas según ciertos patrones y luego las entregaban a los uniformados para que fueran ejecutadas y reportadas como bajas en combate.

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado Alejandro Ramelli, de la Sección de Reconocimiento de Verdad, subrayó el carácter histórico del fallo. “No podemos caer en el negacionismo histórico, estos crímenes sí ocurrieron”, enfatizó, resaltando además que los aportes a la verdad fueron voluntarios.

Ramelli también se refirió a los exmilitares que rechazaron su responsabilidad. “Ningún compareciente ha sido obligado a declararse culpable o a aceptar delitos que no cometió. Siempre han recibido un trato digno de nuestra parte. Hemos desenterrado la verdad de los cementerios de Colombia”, dijo.

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El magistrado cerró su intervención con un mensaje a las víctimas, quienes han señalado en varias oportunidades que la verdad y la reparación siguen siendo insuficientes. “Con esta sentencia no pretendemos borrar sus sufrimientos, pero sí enfrentar el discurso negacionista y de odio. Confiamos en que este proceso judicial traiga algo de sosiego a su dolor. Reconocemos y dignificamos a las víctimas”, concluyó.

Con este fallo, la JEP avanza en el esclarecimiento de uno de los capítulos más graves y dolorosos del conflicto armado colombiano: el asesinato de civiles inocentes para inflar los resultados militares en el marco de la lucha contrainsurgente.

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