La discusión del Presupuesto General de la Nación se realizará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y estará marcada por un fuerte pulso político y fiscal.
miércoles, 24 de septiembre de 2025
La discusión del Presupuesto General de la Nación se realizará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y estará marcada por un fuerte pulso político y fiscal.
Con tres ponencias sobre la mesa, las comisiones económicas del Congreso (Tercera y Cuarta de Senado y Cámara) iniciarán este miércoles al mediodía la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026, estimado en $556,9 billones. El proyecto, radicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es considerado uno de los debates más sensibles del año legislativo, pues de no aprobarse en esta primera etapa, el presidente Gustavo Petro tendría la potestad de expedirlo por decreto en los mismos términos en que fue presentado por el Ejecutivo.
La discusión se realizará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y estará marcada por un fuerte pulso político y fiscal. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de mantener el monto original del presupuesto, sectores de la oposición y parte de las bancadas independientes insisten en que es necesario recortar el gasto para evitar mayores presiones sobre las finanzas públicas y la eventual aprobación de una ley de financiamiento por $26,3 billones, considerada indispensable para cubrir el déficit proyectado.
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La primera ponencia corresponde a la presentada por el Gobierno y mantiene intacta la cifra de $556,9 billones, con apenas cuatro de 58 firmas de respaldo. Se trata de la propuesta más ambiciosa en materia de gasto, pero también la que enfrenta mayores críticas en el Congreso por el riesgo de aumentar el déficit fiscal y la dependencia de una reforma tributaria adicional.
La segunda ponencia, que ha logrado mayor apoyo entre los legisladores, propone un ajuste cercano a $10 billones, reduciendo el presupuesto a $547 billones. Según explicó la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), esta alternativa elimina varios artículos cuestionados, entre ellos el artículo 88, que permitía al Gobierno reorientar vigencias futuras comprometidas para proyectos de infraestructura, lo cual, en opinión de críticos, debilitaba el control del Congreso sobre la ejecución presupuestal. También se plantean modificaciones al Fondo de Pensiones y Cesantías (FONPEC), con el objetivo de blindar recursos destinados a entes territoriales y a obligaciones pensionales.
La tercera ponencia, presentada por la oposición, plantea el recorte más drástico: $26,3 billones, con lo cual el presupuesto total quedaría en torno a $530 billones. En este escenario se eliminarían los recursos destinados a cubrir la mencionada ley de financiamiento, interpretada como una nueva tributaria. De acuerdo con el texto, se descartarían medidas que podrían impactar el IVA, el impuesto al consumo, el impuesto al patrimonio y los gravámenes al sector minero-energético, además de ajustes en las tarifas de renta para personas de altos ingresos.
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La puja entre el Ejecutivo y el Legislativo recuerda lo sucedido en 2024, cuando el Congreso no logró acuerdo y el presidente Petro firmó el presupuesto en solitario, lo que acentuó la tensión entre la Casa de Nariño y el Capitolio. Este año, el desenlace será clave no solo para las cuentas fiscales de 2026, sino también para medir el nivel de gobernabilidad del Ejecutivo en el segundo tramo de su mandato.
Si alguna de las ponencias es aprobada en esta primera etapa, el proyecto pasará a las plenarias de Senado y Cámara, que tendrán hasta el próximo 20 de octubre para dar la discusión final. De lo contrario, quedará en manos del presidente Petro decretar nuevamente el presupuesto.