Protestas internas en Microsoft han llevado al gigante tecnológico a cambiar sus relaciones con las Fuerzas de Defensas de Israel. El movimiento No Azure for Apartheid criticó el uso de Microsoft Azure para coordinar los bombardeos sobre Gaza.
Recientes investigaciones periodísticas revelaron que la unidad de inteligencia militar de Israel llamada Unit 8200 había estado usando servicios de Microsoft Azure para almacenar y procesar datos de vigilancia masiva de civiles palestinos en Gaza y Cisjordania. Entre estos usos figuraban el almacenamiento de millones de llamadas telefónicas interceptadas, análisis mediante inteligencia artificial, traducción automática, recogida de metadatos, etc.
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Tras estas revelaciones, Microsoft reconoció que algunos de sus términos de servicio habían sido violados. En consecuencia, la empresa bloqueó ciertos servicios de Azure y AI para esa unidad militar específica (Unit 8200) del Ministerio de Defensa israelí. No obstante, Microsoft también dejó claro que muchos de sus contratos con el ejército israelí permanecen activos, y que la suspensión no es total.
Dentro de Microsoft surgió un movimiento de empleados críticos llamado No Azure for Apartheid. Estos trabajadores han realizado protestas, ocupaciones en campus de Microsoft (como en Redmond), interrupciones de discursos de ejecutivos, vigilias, etcétera, exigiendo que la empresa corte sus vínculos tecnológicos que, según ellos, facilitan actividades militares o de vigilancia sobre población civil.
Algunos de estos empleados fueron despedidos luego de participar en protestas o vigilias no autorizadas; también se les ha señalado que sus acciones violaban políticas internas de Microsoft. Por ejemplo, dos empleados organizaron una vigilia en el campus de Microsoft para honrar a civiles palestinos muertos, y luego fueron despedidos. También un ingeniero interrumpió un discurso de un alto dirigente denunciando el uso de Azure para apoyo militar, y fue despedido.
Las revelaciones vinieron de investigaciones colaborativas de medios como The Guardian, +972 Magazine, Local Call, AP, etc., que documentaron con evidencia los usos que se estaban haciendo de tecnologías de Microsoft. ONGs y grupos de derechos humanos han presionado a Microsoft para que actuara, denunciando posibles violaciones de derechos humanos y pidiendo mayor transparencia.
Microsoft enfrenta ahora varios desafíos: mantener su reputación como empresa que dice respetar la privacidad y derechos humanos; asegurar el cumplimiento de sus propios términos de servicio; evitar que sus tecnologías sean usadas para fines militares ofensivos; y equilibrar los contratos comerciales lucrativos frente a los riesgos de daño reputacional, demandas legales o críticas institucionales. También hay preguntas sobre hasta qué punto Microsoft puede controlar el uso que hacen los clientes de sus servicios (por ejemplo, si datos de Azure son usados en servidores privados o combinados con otras infraestructuras).
AI aparece como una herramienta clave en estas acusaciones: para procesar gran volumen de datos — llamadas, metadatos, geolocalización — para vigilancia, traducción, análisis, reconocimiento de patrones, incluso para decidir o asistir en la planificación de bombardeos. Es decir, no se trata solo de almacenamiento, sino de procesamiento inteligente que acelera decisiones militares.
Paralelamente, existe un contrato llamado Project Nimbus, adjudicado en 2021, por valor de unos US$1.2 mil millones, a Google Cloud y Amazon Web Services (AWS) para proporcionar servicios de nube (cloud computing), IA y aprendizaje automático al gobierno israelí, incluidas varias entidades gubernamentales y ministerios. Aunque los proveedores han dicho que Nimbus no incluye cargas sensibles militares, documentos y declaraciones oficiales israelíes sugieren que el ejército (IDF) ha sido un usuario importante, y que herramientas de Nimbus están siendo usadas en vigilancia y análisis que pueden tener implicaciones militares.
Google y Amazon aseguran públicamente que el contrato Nimbus cubre áreas como educación, salud, transporte, finanzas, etc., y que no está destinado a usos militares clasificados. Sin embargo, declaraciones del gobierno israelí —por ejemplo de la Dirección Nacional de Ciberseguridad— y documentos internos mencionan que el ejército participa, que hay «zonas de aterrizaje» (landing zones) dedicadas a usos de seguridad/militares, que algunas entidades militares están obligadas a usar Nimbus, etc. Esa tensión ha llevado a protestas de empleados y ex-empleados, quienes acusan a las compañías de falta de transparencia.
La decisión de Microsoft de suspender algunos servicios para Unit 8200 marca un precedente importante: es la primera vez que la empresa reconoce que al menos algunos de sus servicios no pueden seguir siendo usados en ciertos casos militares tras evidencias de uso indebido. Esto puede afectar futuros contratos, generar que clientes revisen sus políticas de compliance, y forzar a Microsoft a fortalecer sus controles internos sobre cómo se usan sus servicios por terceros. Pero también deberá manejar las presiones tanto internas (empleados, cultura corporativa) como externas (reguladores, gobiernos, sociedad).
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Microsoft corre el riesgo de perder confianza entre sus usuarios que valoran la ética en la tecnología, enfrentar boicots, ver cancelaciones de contratos, demandas legales, e incluso escrutinio regulatorio sobre sus servicios de nube y IA. Hay también un riesgo de que otros clientes (gobiernos, empresas) revisen su relación con Microsoft si sienten que la compañía tolera o facilita abusos. Para la empresa, además del aspecto moral, hay un cálculo financiero: cuánto pesan esos contratos militares frente al daño reputacional u otros costos.