Galán expresó su respeto por las protestas motivadas en causas internacionales, pero cuestionó las agresiones contra sedes de gremios empresariales y compañías en Bogotá.
Galán expresó su respeto por las protestas motivadas en causas internacionales, pero cuestionó las agresiones contra sedes de gremios empresariales y compañías en Bogotá.
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, volvió a insistir este viernes (03-10-2025) en la necesidad de que el Gobierno nacional se pronuncie de manera clara frente a los recientes hechos de violencia registrados durante protestas en la capital. El mandatario señaló que, hasta el momento, no ha recibido respuesta oficial a su solicitud.
“No he conocido ninguna respuesta”, afirmó Galán en entrevista, al recordar que su administración ha enviado comunicaciones a la Casa de Nariño para que se rechacen expresamente los actos violentos ocurridos en el marco de las movilizaciones.
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El alcalde explicó que la administración distrital tiene la obligación de garantizar el derecho a la protesta social, pero también debe actuar cuando estas derivan en alteraciones graves del orden público. Según sus cifras, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) ha intervenido en 123 ocasiones en lo corrido del año, lo que equivale a un operativo cada cinco días en promedio.
Galán detalló que la instrucción de intervención a la fuerza pública solo se emite cuando los gestores de diálogo reportan que se han agotado las instancias de mediación. “Ayer a las 4:40 de la tarde dimos la instrucción a la Policía de actuar, y así se hizo con el uso de tanquetas”, señaló, refiriéndose a los operativos desplegados en el centro de la ciudad.
Respecto a los límites de la protesta, el mandatario recordó que la Corte Constitucional ha establecido que estas movilizaciones, por su naturaleza, generan algún grado de alteración del orden público, pero subrayó que el uso de la fuerza debe regirse estrictamente por lo dispuesto en la ley. “No podemos llevar a la Policía a situaciones donde se les acuse de abuso de autoridad”, advirtió.
#Bogotá | #AEstaHora el paso sobre la carrera séptima con calle 72 se encuentra bloqueado en los cuatro sentidos por cuenta de las y los manifestantes 📹@marovaan pic.twitter.com/4azi6SJyQ4
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El alcalde también se refirió a la responsabilidad de los organizadores de las marchas. Según dijo, quienes convocan tienen el deber de rechazar de manera categórica los hechos violentos que se produzcan durante las jornadas. “Si no los rechazan, generan una dinámica de connivencia con esos hechos de violencia”, afirmó.
Galán expresó su respeto por las protestas motivadas en causas internacionales, pero cuestionó las agresiones contra sedes de gremios empresariales y compañías en Bogotá. “No tiene sentido atacar a la ANDI o a los gremios por lo que ocurre en otros países”, manifestó, en referencia a los recientes actos vandálicos registrados contra vehículos y edificios.
En su intervención, el mandatario local también advirtió sobre los riesgos del lenguaje de odio en el contexto de las manifestaciones. “Ese ambiente de odio puede llevar a espirales de violencia que el país tiene que superar”, dijo. En esa línea, reiteró que el Gobierno Nacional debe pronunciarse en dos sentidos: rechazar expresiones de odio y condenar expresamente los actos violentos que han tenido lugar en las protestas respaldadas por algunos de sus voceros.
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Galán señaló que el marco legal actual presenta limitaciones para la actuación de la fuerza pública frente a bloqueos prolongados y disturbios. “Hay vacíos que limitan la posibilidad de actuar en ciertos momentos”, indicó, al tiempo que planteó la necesidad de abrir un debate jurídico con instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para precisar hasta dónde puede llegar el bloqueo sin afectar los derechos de la ciudadanía.
“El bloqueo por un puñado de personas durante horas, que termina afectando a centenares de miles, no se justifica”, enfatizó. Para el alcalde, el país necesita construir consensos y avanzar en reformas que fortalezcan la capacidad de reacción de la fuerza pública, siempre dentro del marco constitucional y garantizando el derecho a la protesta pacífica.
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