El cierre del gobierno federal en Estados Unidos ha desatado una tormenta política. Trump responsabiliza a los demócratas por la parálisis. Desde el Congreso, republicanos y demócratas se acusan mutuamente de llevar al país al borde del colapso institucional
El cierre del gobierno federal de Estados Unidos comenzó a la medianoche del 1 de octubre de 2025, cuando el Congreso no logró aprobar la financiación para el nuevo año fiscal. Fue la vigésima primera interrupción de financiamiento en la historia moderna y la primera bajo la presidencia de Trump desde 2018-2019.
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Bajo ese cierre, cientos de miles de empleados federales fueron “furloughed” (suspendidos temporalmente) mientras otros debieron continuar trabajando sin pago inmediato si su labor era considerada esencial. Contratistas y programas dependientes de fondos discrecionales también enfrentaron paralizaciones o retrasos.
El presidente Donald Trump y su administración responsabilizaron a los demócratas por el cierre. Trump ha dicho que los posibles despidos de empleados federales serían “despidos demócratas”, ubicando a la oposición como la responsable del daño.
En paralelo, la Casa Blanca emitió señales más fuertes que en cierres anteriores: se ordenó a agencias federales que prepararan planes de reducción de personal (“reduction-in-force”) para programas sin financiamiento, lo que implicaría despidos permanentes, no solo suspensiones temporales.
La bancada republicana, especialmente la Cámara de Representantes dominada por ese partido, ha presionado por un proyecto de ley de financiamiento que no incluya cambios al sistema de cupones de seguro de salud (ACA) y busca reformas. Algunos republicanos acusan a los demócratas de bloquear la reapertura por condiciones políticas.
Por su parte, los demócratas han defendido que no pueden aceptar un proyecto de ley “limpio” de financiamiento si eso significa eliminar o recortar subsidios de salud, especialmente los créditos fiscales para seguros médicos, o permitir recortes unilaterales. El líder demócrata Hakeem Jeffries ha acusado a los republicanos de evadir negociaciones reales y de falta de seriedad.
La tensión escaló cuando la administración, mediante el Office of Management and Budget (OMB), ordenó que las agencias evaluaran dónde reducir personal si el cierre persistía. Se debatió si estas acciones eran legales durante un cierre bajo la Ley Antideficiencia.
Sindicatos de empleados federales no aceptaron silenciosamente estas amenazas: la American Federation of Government Employees (AFGE) y otras organizaciones demandaron a las oficinas del OMB y de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), alegando que los planes de despido masivo violaban la ley federal que prohíbe gastos sin autorización de financiamiento (Antideficiency Act).
Los demócratas también denuncian que los despidos anunciados y las órdenes de “preparar reducción de personal” actúan como tácticas de intimidación para forzar concesiones políticas durante el cierre.
Frente a esto, Trump y algunos republicanos defendieron que el cierre es una oportunidad para eliminar programas que consideran “innecesarios” o ineficientes, y que el proceso de despido puede ser selectivo, favoreciendo recortes en agencias o programas de bajo alineamiento político.
Una consecuencia política es que el cierre y las amenazas de despidos trasladan una enorme presión política sobre ambos partidos, pues el costo social —servicios interrumpidos, pagos atrasados, empleados afectados— afecta a electores y puede moldear narrativas electorales.
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En síntesis, este cierre federal de 2025 se distingue por la escalada hacia despidos permanentes en lugar de simples suspensiones temporales, la confrontación abierta entre Trump, republicanos y demócratas sobre salud y financiamiento, y una batalla legal emergente sobre la legalidad de las amenazas de despido en medio del impasse presupuestario.