Aunque el conflicto data de 1948, el ataque de Hamás el 7 de octubre fue el detonante para un recrudecimiento de las acciones de Israel sobre Gaza en lo que ya ha sido calificado de genocidio.
Aunque el conflicto data de 1948, el ataque de Hamás el 7 de octubre fue el detonante para un recrudecimiento de las acciones de Israel sobre Gaza en lo que ya ha sido calificado de genocidio.
El 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión: militantes de Hamás lanzaron desde Gaza un ataque masivo contra comunidades del sur de Israel —incluyendo incursiones en localidades, atentados en festivales y combates en la frontera— que dejó cientos de muertos y decenas de civiles secuestrados. Israel revisó luego la cifra y situó las víctimas de ese asalto inicial en torno a 1.200 fallecidos.
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Aquella misma incursión incluyó la captura de centenares de personas; las cifras iniciales variaron, pero se registraron más de 200 rehenes tomados por Hamás en los primeros días tras la ofensiva. Con el paso del tiempo, negociaciones y rescates redujeron ese número, y según fuentes de octubre de 2025 siguen quedando docenas de rehenes en Gaza.,
La reacción israelí fue inmediata y masiva: bombardeos aéreos sobre la Franja de Gaza y una gran operación terrestre que se prolongó por meses y volvió a escalar en oleadas. Israel justificó la campaña como respuesta legítima y necesaria para destruir la capacidad militar de Hamás y recuperar a los rehenes.
El saldo humano en Gaza ha sido devastador. Las autoridades sanitarias palestinas y organismos internacionales contabilizan desde entonces decenas de miles de muertes. Informes recientes sitúan la cifra de fallecidos en Gaza —desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 hasta hoy— en alrededor de 66.000-67.000 personas, con un porcentaje alarmantemente alto de niños entre las víctimas.
En el lado israelí, además de las víctimas del 7-O, las hostilidades posteriores causaron bajas militares y civiles: los recuentos oficiales y periodísticos suman miles de muertos entre soldados y civiles desde el comienzo del conflicto, y centenas de heridos y desaparecidos en los dos bandos.
Los rehenes han sido además un eje central: intercambios parciales, presiones diplomáticas y propuestas de canje han ido reduciendo su número, pero la cuestión de los cautivos sigue siendo un factor decisivo en cualquier negociación de paz o alto el fuego. Las conversaciones internacionales han puesto la liberación de rehenes como condición prioritaria.
La población civil de Gaza ha sufrido también un desmoronamiento de servicios básicos: destrucción de hospitales e infraestructuras, cortes persistentes de agua y electricidad, y colapso del sistema sanitario. Informes de agencias humanitarias advierten que una parte importante de la población se quedó sin acceso regular a alimentos y agua potable durante largos periodos.
El bloqueo y las restricciones a la entrada de ayuda agravaron la crisis hasta generar alertas sobre hambre y condiciones afines a la hambruna en algunas zonas. Organismos humanitarios registraron además muertes relacionadas con la falta de acceso a alimentos y atención médica, y señalaron que las consecuencias sanitarias y nutricionales son profundas y de largo plazo.
A nivel internacional, órganos de la ONU y comités de expertos han sido tajantes: desde 2024 y con informes sucesivos en 2025, expertos de derechos humanos y el Alto Comisionado han concluido que las acciones en Gaza muestran características compatibles con el crimen de genocidio y han pedido medidas urgentes para proteger a los civiles y facilitar la ayuda. Esa tipificación ha alimentado debates diplomáticos y presiones legales.
Paralelamente a la emergencia humanitaria, la guerra pasó por fases: ofensivas intensas, treguas temporales, y largas rondas de negociaciones intermediadas por Egipto, Catar, Naciones Unidas y potencias internacionales. La negociación de ceses al fuego y canjes ha sido intermitente y frágil.
En 2025 se planteó un nuevo actor en la diplomacia: el plan de paz propuesto por Donald Trump, un documento con plazos y condiciones para un alto el fuego, liberación de rehenes, desarme de Hamás y reconstrucción bajo supervisión internacional. El plan buscó capitalizar el agotamiento internacional y la urgencia humanitaria para forzar soluciones rápidas.
Ese plan incluyó plazos cortos para la respuesta de Hamás y condicionó la continuidad del acuerdo a la aceptación rápida de sus términos, algo que generó inquietud: la imposición de lapsos breves eleva el riesgo de rechazo, reacciones militares y escaladas si la contraparte no firma de inmediato.
Si el plan de Trump prosperara, podría traer alivio inmediato —alto al fuego temporal, intercambio de rehenes y llegada de ayuda masiva— pero también plantea interrogantes: supervisión extranjera de la administración en Gaza, imposición de desarme sin garantías verificables, y una solución que no resuelva la cuestión de fondo de la soberanía y el estatus palestino.
La historia reciente alimenta la desconfianza: acuerdos anteriores en la región se han incumplido o quedado a medias, y actores como el gobierno israelí y ciertos líderes regionales mantienen posiciones encontradas sobre la creación de un estado palestino y el control de territorios como Cisjordania. Esa falta de confianza complica cualquier pacto inmediato y sostenible.
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Desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy el conflicto dejó un saldo humano y humanitario estremecedor, con miles de israelíes muertos en el ataque inicial y decenas de miles de palestinos muertos en la ofensiva posterior, poblaciones enteras de Gaza empujadas a la penuria por la destrucción y el bloqueo, advertencias de la ONU sobre posibles crímenes graves y una propuesta de paz que puede ofrecer un respiro corto o configurar nuevas formas de tutela internacional sobre Gaza —todo dependiendo de si las partes aceptan condiciones impuestas y de la capacidad de la comunidad internacional para garantizar cumplimiento y protección.