La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la situación humanitaria en el municipio de Tarazá.
miércoles, 22 de octubre de 2025
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la situación humanitaria en el municipio de Tarazá.
La Defensoría del Pueblo urgió este lunes (20-10-2025) al Gobierno Nacional a implementar acciones inmediatas de protección y atención humanitaria para las comunidades afectadas por los recientes enfrentamientos armados entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en los municipios de Briceño y Anorí, norte de Antioquia.
De acuerdo con la entidad, los combates registrados durante el fin de semana provocaron desplazamientos masivos, confinamientos forzados y la instalación de minas antipersonales, agravando la crisis humanitaria en esta región históricamente golpeada por la violencia y las economías ilegales.
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En Briceño, la Defensoría reportó que 2.081 personas de 23 veredas fueron desplazadas hasta el 19 de octubre, una cifra que supera la capacidad de respuesta institucional del municipio. Las familias han buscado refugio en albergues temporales, viviendas de familiares y centros comunitarios, donde la asistencia en alimentos, atención médica y apoyo psicosocial resulta insuficiente ante la magnitud de la emergencia.
La entidad recordó que desde 2019 está vigente una alerta temprana que advertía sobre los riesgos de desplazamientos, enfrentamientos y homicidios derivados de la disputa territorial entre grupos armados ilegales.
En el caso de Anorí, los combates se concentraron en la vereda Los Trozos, en los sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho, lo que obligó a 176 habitantes a abandonar sus viviendas para proteger sus vidas. Las comunidades han denunciado el uso de artefactos explosivos improvisados y el reclutamiento forzado de jóvenes en zonas rurales.
La Defensoría informó que desde el inicio de la emergencia ha participado activamente en los Subcomités de Prevención y Protección, así como en el Comité de Justicia Transicional, espacios en los que coordina acciones junto a la Gobernación de Antioquia, las alcaldías locales, las personerías municipales y organismos internacionales de cooperación humanitaria.
“Rechazamos categóricamente las acciones que ponen en riesgo a la población civil y violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, expresó la institución en un comunicado, subrayando que el norte de Antioquia continúa siendo una zona de alto valor estratégico para el control de rutas de narcotráfico, minería ilegal y corredores de movilidad armada.
Además, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la situación humanitaria en el municipio de Tarazá, donde enfrentamientos recientes en las veredas Doradas Altas y Tahamí provocaron el desplazamiento de más de 60 familias y el confinamiento de otras 33.
La entidad también confirmó dos incidentes con minas antipersonales: uno dejó una víctima fatal y otro a una persona gravemente herida. Estos hechos, aseguró la Defensoría, evidencian la necesidad urgente de acciones de desminado humanitario y medidas de seguridad para garantizar el retorno de las comunidades desplazadas.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención inmediata de los ministerios del Interior, de Igualdad y Equidad, del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y de la Unidad de Restitución de Tierras, para articular una respuesta integral en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional.
La entidad recordó que la Alerta Temprana 045 de 2020 ya advertía sobre la persistencia de riesgos en los municipios del Bajo Cauca —entre ellos Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza—, donde los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales han generado repetidas crisis humanitarias.
Asimismo, instó al Ministerio del Interior a convocar de manera extraordinaria el Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el fin de articular medidas urgentes de seguridad para las comunidades afectadas por la presencia de artefactos explosivos y por los confinamientos.
También pidió a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz adelantar operativos de desminado humanitario que permitan el retorno seguro y digno de las familias desplazadas.
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Aunque la Defensoría reconoció los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia y de las alcaldías locales para atender la emergencia, reiteró que la magnitud de la crisis requiere una respuesta nacional articulada, sostenida y con enfoque diferencial e integral, que incluya medidas de seguridad, atención humanitaria, restitución de derechos y programas de prevención.
Finalmente, la entidad hizo un llamado enfático a los grupos armados ilegales para que cesen las acciones que afectan a la población civil:
«La población civil debe quedar por fuera del conflicto. Ninguna circunstancia justifica violar los principios del Derecho Internacional Humanitario. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución deben ser atendidos y respetados”, concluyó la Defensoría del Pueblo.
Ante la situación de orden público en las veredas Doradas Altas y Tahamí, Antioquia, insistimos en la participación activa y una respuesta institucional articulada por parte del Gobierno nacional.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 20, 2025
Aquí pueden leer el pronuncimiento 👇🏾 pic.twitter.com/uGz3NrKuJm