De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos por los que se investiga a Carlos Ramón González se remontan a septiembre de 2023.
miércoles, 29 de octubre de 2025
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos por los que se investiga a Carlos Ramón González se remontan a septiembre de 2023.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien buscaba que se levantara la medida de aseguramiento impuesta en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El exfuncionario, considerado uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro y actualmente prófugo de la justicia, es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
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González había interpuesto la tutela alegando que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que le impuso la medida restrictiva, violaba sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso y a la defensa. No obstante, la Corte Suprema, tras revisar el caso en segunda instancia, concluyó que no existía vulneración alguna a los derechos invocados ni evidencia de un perjuicio irreparable que justificara el amparo.
«No es viable considerar la tutela como un mecanismo alternativo o paralelo de defensa, al cual pueda acudirse cada vez que no se comparte una decisión judicial”, señaló el alto tribunal en su pronunciamiento.
Con esta decisión, la medida de aseguramiento contra González continúa vigente, pese a los intentos de su defensa —liderada por el abogado Iván Cancino— por revocarla y permitir que el exdirector del Dapre enfrente el proceso en libertad.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos por los que se investiga a González se remontan a septiembre de 2023, cuando, en su calidad de director del Dapre, habría gestionado contratos por 60.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado, Iván Name Vásquez, y por 10.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas.
Ambos congresistas se encuentran también privados de la libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia, dentro del mismo proceso. Las pesquisas indican que, tras no concretarse los contratos, se acordaron pagos en efectivo de 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle, en un presunto esquema de desvío de recursos públicos.
Según la investigación, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su entonces subdirector Sneyder Pinilla habrían sido los encargados de ejecutar los pagos y gestionar los dineros comprometidos en el entramado de corrupción.
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Durante una audiencia judicial reciente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía detectó que uno de los accesos virtuales correspondía al usuario de Carlos Ramón González y que la conexión provenía desde Managua, Nicaragua, lo que confirmaría que el exfuncionario permanece fuera del país.
La Fiscalía 9ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanza con la imputación de cargos en su contra por los delitos mencionados, mientras las autoridades judiciales mantienen vigente la orden de captura nacional e internacional.
La decisión de la Corte Suprema cierra, por ahora, una de las vías jurídicas que el exdirector del Dapre intentó utilizar para recuperar su libertad, en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha golpeado al actual gobierno.
La @CorteSupremaJ negó una tutela interpuesta por Carlos Ramon González, exdirector del DAPRE y prófugo de la justicia tras ser vinculado al escándalo de corrupción en la UNGRD, y dejó en firme la orden de captura en su contra. pic.twitter.com/7jk2BPDEat
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 28, 2025