La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, asumió oficialmente su nuevo mandato en medio de una ola de protestas nacionales que ya deja más de 150 muertos, tras unas elecciones cuestionadas por la oposición y denunciadas por organismos internacionales como fraudulentas.
Las calles de Tanzania siguen sumidas en la tensión tras la posesión de la presidenta Samia Suluhu Hassan, quien asumió oficialmente su mandato en medio de una ola de protestas que ya deja, según organizaciones internacionales, al menos 150 muertos. Las manifestaciones estallaron luego de las elecciones del 29 de octubre de 2025, que la oposición tildó de fraudulentas y sin garantías democráticas.
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El origen de las protestas se remonta a los resultados electorales, en los que Hassan —en el poder desde 2021 tras la muerte de John Magufuli— fue declarada ganadora con más del 97 % de los votos. La oposición denunció una contienda sin transparencia, con persecución a líderes opositores, censura en medios de comunicación y un ambiente de intimidación generalizado antes y durante los comicios.
Las primeras manifestaciones comenzaron pacíficamente en Dar es Salaam, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades como Arusha, Mwanza y Dodoma. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata: toques de queda, cortes de internet y despliegue del ejército en los principales centros urbanos. En las noches siguientes, testigos reportaron redadas y detenciones arbitrarias.
El partido opositor Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema) aseguró que cientos de personas han sido arrestadas y que el número real de víctimas supera ampliamente las cifras oficiales. Sin embargo, el gobierno tanzano calificó las denuncias como “infundadas” y señaló que los manifestantes “buscan desestabilizar el orden público”.
A pesar del clima de violencia, la presidenta Samia Suluhu Hassan juró el cargo en una ceremonia celebrada en Dodoma el 3 de noviembre. En su discurso, hizo un llamado a la calma y a la reconciliación nacional, pero evitó mencionar directamente la represión o las víctimas de las protestas. “La vida debe continuar. Tanzania necesita paz y trabajo, no divisiones”, afirmó ante la élite política y diplomática del país.
Diversos gobiernos africanos y organismos internacionales expresaron preocupación por la situación. La Unión Africana pidió respeto a los derechos humanos y solicitó una investigación independiente sobre los hechos de violencia. Por su parte, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron un “uso excesivo de la fuerza letal” y advirtieron que Tanzania atraviesa una de sus peores crisis políticas desde el retorno del multipartidismo en 1992.
Mientras tanto, en redes sociales circulan videos que muestran enfrentamientos entre militares y civiles, así como testimonios de familiares de desaparecidos. La censura digital y los cortes de comunicación dificultan verificar la información, aunque periodistas locales y corresponsales extranjeros han documentado escenas de represión con munición real.
La oposición, encabezada por Tundu Lissu, anunció que no reconocerá el resultado de las elecciones ni el nuevo gobierno. “Esto no es una democracia, es una coronación. Tanzania vive un estado de sitio”, declaró en una rueda de prensa clandestina. También convocó a nuevas marchas en todo el país, aunque el temor a la represión mantiene a muchos ciudadanos resguardados en sus hogares.
Analistas regionales señalan que la crisis tanzana podría tener repercusiones en la estabilidad del este de África, una región ya afectada por conflictos en Sudán, Etiopía y Somalia. Además, destacan que Hassan —quien había sido vista inicialmente como una figura moderada— enfrenta su primera gran prueba política como líder electa y deberá decidir entre abrir espacios de diálogo o continuar con una línea autoritaria.
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Por ahora, Tanzania vive una tensa calma. Los cuerpos de seguridad siguen desplegados, la comunidad internacional exige respuestas y los familiares de las víctimas claman justicia. Mientras tanto, el nuevo gobierno insiste en que todo está bajo control, aunque las calles cuentan una historia muy distinta: la de un país que exige democracia y paga un alto precio por hacerlo.