Cuatro décadas después, el país sigue debatiendo sobre la responsabilidad compartida entre la guerrilla del M-19 y las fuerzas del Estado por la toma del Palacio de Justicia.
jueves, 6 de noviembre de 2025
Cuatro décadas después, el país sigue debatiendo sobre la responsabilidad compartida entre la guerrilla del M-19 y las fuerzas del Estado por la toma del Palacio de Justicia.
Colombia conmemora este 6 y 7 de noviembre los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más trágicos de su historia reciente, marcado por la violencia, el fuego y la desaparición de civiles en medio de la operación militar para recuperar el edificio. Cuatro décadas después, el país sigue debatiendo sobre la responsabilidad compartida entre la guerrilla del M-19 y las fuerzas del Estado, mientras familiares de las víctimas reclaman verdad, justicia y memoria integral.
El 6 de noviembre de 1985, hacia el mediodía, 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) ingresaron armados al Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y tomaron como rehenes a magistrados, funcionarios judiciales y empleados, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con el gobierno de Belisario Betancur (1982–1986) y un juicio político en su contra. La respuesta del Estado fue una operación militar que se prolongó por 28 horas y que culminó con el edificio en llamas, reducido a escombros y más de 90 personas muertas, entre ellas once magistrados de las altas cortes.
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La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, creada en 2005 por la Corte Suprema y que presentó su informe en 2010, calificó lo ocurrido como una renuncia colectiva al diálogo y a la institucionalidad.
«El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”, concluyó el documento.
Uno de los hechos que antecedieron la toma fue el inminente debate en la Sala Constitucional de la Corte Suprema sobre el tratado de extradición con Estados Unidos. El magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas de muerte por parte del narcotráfico, y diversos testimonios señalan que la operación del M-19 habría sido financiada por Pablo Escobar, entonces jefe del cartel de Medellín.
El actual Palacio de Justicia, reconstruido años después, lleva el nombre del magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien murió durante la toma. Su voz, implorando “¡Que cese el fuego!”, aún simboliza el clamor por una paz y una justicia que siguen siendo heridas abiertas.
En el cuadragésimo aniversario, el país realiza actos de conmemoración en honor a las víctimas. Este miércoles se inauguró la instalación artística Sintiendo la memoria en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. El jueves, la fachada del Palacio acogerá el mapping El Palacio cobra vida, una proyección simbólica que busca transformar el dolor en esperanza.
El acto central tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, cuando las altas cortes rendirán homenaje a los 94 fallecidos y exigirán una verdad completa sobre lo ocurrido, en una ceremonia institucional marcada por la distancia con el presidente Gustavo Petro.
El aniversario ha reavivado la controversia sobre la interpretación de los hechos y la responsabilidad de los actores involucrados. El presidente Petro, quien militó en el M-19 antes de la desmovilización de esa guerrilla en 1990, ha expresado públicamente su visión del episodio, generando críticas de familiares de las víctimas.
“Desde el día uno hubo manipulación de la información y, con el tiempo, abuso en la memoria de los dos actores que empuñaron las armas”, afirmó Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien salió con vida del Palacio y posteriormente fue desaparecido y hallado muerto con signos de ejecución extrajudicial.
Las declaraciones de Urán Bidegain respondieron a un comentario del presidente Petro en la red X, en el que sostuvo que su padre era “amigo” del comandante del M-19, Andrés Almarales, uno de los líderes de la toma. El mandatario insistió en versiones que sugieren que los guerrilleros permitieron la salida de algunos rehenes, tesis que fue desmentida por la Comisión de la Verdad por ser “contraria a las pruebas directas y completamente infundada”.
Por su parte, Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, recordó también en X que su padre fue asesinado por el M-19, en un crimen que calificó como de lesa humanidad.
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«El asesinato de Manuel Gaona Cruz a manos del M-19 fue un crimen de lesa humanidad. Hoy, lo quieren justificar y borrar”, escribió.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, reiteró este miércoles que “aún no se ha contado la verdad histórica de lo ocurrido” y criticó los intentos de reinterpretar la tragedia.
«La toma del Palacio de Justicia no fue una acción heroica ni revolucionaria. Fue un acto demencial, un atentado terrorista, como lo han calificado varias sentencias del Consejo de Estado”, afirmó.
Cuarenta años después, los ecos del fuego, las desapariciones y las omisiones del Estado siguen resonando en la memoria del país. El Palacio, símbolo de justicia y razón, se ha convertido también en emblema del dolor y de la urgencia de una verdad completa, sin distorsiones ni silencios.
Así informaba, hace 40 años, el Noticiero Nacional la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando guerrillero del M-19. pic.twitter.com/A8bs1v79Ke
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 6, 2025