El Consejo de Estado responsabilizó tanto al Estado como al M-19 por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, al concluir que su fallecimiento fue consecuencia conjunta de la acción guerrillera y de las fallas y excesos de la fuerza pública en la operación militar.
Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 marcaron uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Colombia: la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia en Bogotá, seguida de una violenta retoma militar que dejó casi un centenar de muertos, decenas de desaparecidos y profundas heridas en el sistema judicial del país.
Te puede interesar: Colombia conmemora 40 años de la toma del Palacio de Justicia en medio de heridas abiertas y disputa por la memoria
Esa operación guerrillera tenía como objetivo tomar rehenes —entre ellos magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado— y juzgar al entonces presidente Belisario Betancur por lo que el grupo consideraba una traición al proceso de paz. El Ejército y la Policía respondieron con una ofensiva fulminante, que incluyó blindados, fuego cruzado y la destrucción parcial del edificio.
En medio de ese caos, el magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa —quien prestaba servicio en la Sala Laboral de la Corte Suprema— falleció en esos acontecimientos. Durante muchos años, su muerte quedó entre la impunidad, las versiones contradictorias y la falta de una investigación plena.
En sentencias recientes, el Consejo de Estado concluyó que la muerte del magistrado se produjo por “causas concurrentes”: por una parte, la toma del Palacio por el M-19, que la corporación calificó de “irracional, violenta, indiscriminada y terrorista”; por otra, la omisión del Estado de garantizar la seguridad del edificio y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante la retoma.
Con base en ello, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación —específicamente al Ministerio de Defensa— y ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios morales y lucro cesante a los familiares de Echeverry. Además, solicitó que se publique la providencia en medio de amplia circulación y que se realice un acto público de perdón, como parte de la reparación simbólica.
La sentencia también instó al Ministerio de Defensa a adelantar una acción de repetición contra el M-19 como organización o colectivo —o en su defecto contra los máximos mandos que correspondan— para que respondan por la muerte del magistrado corriendo con parte de la responsabilidad.
Este fallo tiene especial trascendencia porque reconoce la combinación de responsabilidades: la del grupo insurgente por perpetrar la toma, y la del Estado por la deficiencia en la protección del Palacio y la violación del derecho a la seguridad de los jueces y empleados judiciales. Representa un avance en materia de justicia transicional e institucionalidad.
No obstante, el contexto histórico del 1985 muestra que aquel asalto se convirtió en una tragedia prolongada: más de 100 muertos, 11 magistrados asesinados, decenas de desaparecidos, archivos desaparecidos o destruidos, y la sensación persistente de que la verdad no se ha sabido toda.
A 40 años de los hechos del Palacio de Justicia, organismos judiciales y de memoria señalan que la toma y retoma del Palacio de Justicia sigue siendo una “herida abierta” para la justicia colombiana, y que los relatos en pugna —entre los que hablan de heroísmo guerrillero o represión estatal— dificultan la reconciliación nacional.
Te puede interesar: Preocupación en el país porque ONU no verificará verificaciones de la JEP
El fallo del Consejo de Estado abre un nuevo capítulo: más allá de reparaciones económicas y simbólicas, implica un reconocimiento del papel institucional del Estado, y plantea desafíos para la memoria, la verdad judicial y la garantía de los derechos de los servidores públicos. Queda claro que la institucionalidad judicial reivindica su propia dignidad y exige que no se repita un episodio en que la justicia fue literalmente tomada por la fuerza.