miércoles, 12 de noviembre de 2025

Comisión de Acusaciones abrió investigación preliminar contra magistrados del Consejo de Estado

Hasta el momento, el Consejo de Estado no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la diligencia ordenada por la Comisión de Acusaciones.

La presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, realizará en la tarde de este miércoles una inspección judicial en la Sección Quinta del Consejo de Estado como parte de una investigación preliminar por presunto prevaricato por acción en dos procesos de nulidad electoral que involucran a altos funcionarios del país.

La diligencia, fijada para las 4:00 p. m., busca recopilar documentación y pruebas relacionadas con los expedientes sobre la nulidad electoral del alcalde de Calima Darién (Valle del Cauca) y la nulidad del gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como las tutelas asociadas a ambos casos.

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La inspección se cumplirá con el acompañamiento de miembros de la Dijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la corporación legislativa.

Apertura de investigación y fundamentos legales

En el Acto de Sustanciación 002, la presidenta Arizabaleta ordenó la apertura de una investigación previa y la práctica de pruebas, de conformidad con el artículo 424 de la Ley 600 de 2000, que rige el procedimiento penal anterior al sistema acusatorio.

«Procede esta representante investigadora a ordenar la apertura de investigación previa y decretar la práctica de pruebas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 424 de la Ley 600 de 2000”, se lee en el documento firmado por Arizabaleta.

Los magistrados investigados son Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, especializada en asuntos electorales.

Denuncias y presunto prevaricato

La apertura de la investigación se sustenta en denuncias radicadas por el Comité Político del Pacto Histórico de San Andrés Islas y por el ciudadano Miguel Ángel Mora, quienes cuestionaron presuntas irregularidades en los trámites judiciales de los casos mencionados.

Según la denuncia del comité político, los magistrados habrían vulnerado el debido proceso y desconocido los plazos legales para resolver una acción de tutela, que debía ser fallada en un máximo de 10 días. También se señaló que se habría permitido la intervención de terceros ajenos al proceso, invocando el uso del idioma creole como argumento en un caso que, de acuerdo con los denunciantes, no representaba una acción colectiva de la comunidad raizal, sino un litigio individual relacionado con el exgobernador Nicolás Gallardo Vásquez.

Por su parte, el ciudadano Miguel Ángel Mora afirmó que en el proceso de nulidad electoral contra Gallardo Vásquez se admitió indebidamente una reforma de la demanda fuera del momento procesal establecido por la ley, lo cual, de confirmarse, podría constituir un acto procesal manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico.

Inspección judicial en el Consejo de Estado

La diligencia judicial ordenada por Arizabaleta contempla la revisión directa de los expedientes y la obtención de copias oficiales de los procesos cuestionados.

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«Decretar la realización de diligencia de inspección judicial en las instalaciones del Consejo de Estado el día doce (12) de noviembre de 2025, a las 4:00 p. m., a fin de inspeccionar y tomar copia del expediente de los siguientes procesos”, indica el documento oficial.

Con esta actuación, la Comisión de Acusaciones da inicio a la etapa de indagación previa, fase en la que se recopilan elementos materiales y testimonios para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los magistrados.

Próximos pasos

Una vez concluida la inspección y el análisis de la documentación obtenida, la Comisión deberá evaluar si los hechos denunciados configuran faltas disciplinarias o penales, y si procede la formulación de cargos ante la Cámara de Representantes o ante las autoridades judiciales competentes.

Hasta el momento, el Consejo de Estado no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la diligencia ordenada por la Comisión de Acusaciones.

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