Según lo expresado por el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, lo hecho por la Gobernación de Cundinamarca es ilegal.
Según lo expresado por el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, lo hecho por la Gobernación de Cundinamarca es ilegal.

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció este martes que interpondrá una demanda formal contra la Gobernación de Cundinamarca por la aplicación de descuentos en matrículas e impuestos vehiculares. El cabildante argumenta que estos beneficios, dirigidos a automóviles que circulan mayoritariamente en la capital, pero que están registrados en municipios del departamento, carecen de respaldo jurídico y afectan las finanzas de la ciudad.
Quintero sostiene que la estrategia fiscal desarrollada por la administración departamental, liderada por el gobernador Jorge Rey, constituye un esquema de incentivos que promueve el traslado masivo de registro de vehículos desde Bogotá hacia municipios aledaños de la Sabana.
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El concejal Quintero fue enfático al señalar la presunta ilegalidad de la medida y recordó que instancias judiciales ya se han pronunciado sobre prácticas similares.
“Esto es ilegal porque ni la ley les dio competencia para dar esos descuentos, sino que también el Consejo de Estado los declaró ilegales. Por eso los vamos a demandar”, afirmó Quintero, reiterando que las reducciones tarifarias aplicadas por Cundinamarca no cuentan con la base normativa necesaria.
Según la denuncia del vicepresidente del Concejo, el procedimiento se desarrolla en dos fases principales:
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El cabildante capitalino expresó su pleno respaldo a la posición del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, frente a esta problemática fiscal. Quintero aseguró que el Concejo de la capital respaldará todas las acciones jurídicas necesarias que se emprendan para detener esta práctica, que consideran lesiva para los ingresos de Bogotá.
Además, el concejal hizo un llamado directo a los municipios de la Sabana de Cundinamarca para que ajusten sus tarifas de registro vehicular y mantengan condiciones equitativas respecto a las ofrecidas por la capital. Quintero subrayó que esta acción permitiría establecer una competencia fiscal en igualdad de condiciones, sin recurrir a esquemas que presuntamente carecen de sustento legal.