De manera enfática, la Procuraduría reiteró la condena institucional al reclutamiento infantil que hacen los grupos armados ilegales.
martes, 18 de noviembre de 2025
De manera enfática, la Procuraduría reiteró la condena institucional al reclutamiento infantil que hacen los grupos armados ilegales.
La Procuraduría General de la Nación confirmó este martes (18-11-2025) la apertura de cinco indagaciones preliminares destinadas a esclarecer las operaciones militares de bombardeo emprendidas por las Fuerzas Militares contra campamentos de las disidencias de las FARC, que resultaron en la muerte de al menos quince menores de edad, según reportes. El órgano de control busca determinar si en el desarrollo de dichas operaciones se incurrió en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La entidad, bajo la dirección de Gregorio Eljach, indicó que la gravedad de los hechos exige un «examen institucional exhaustivo, riguroso y objetivo». El objetivo principal de estas indagaciones es establecer si las autoridades militares actuaron en estricto cumplimiento de “los estándares internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado”.
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El Ministerio Público emitió un pronunciamiento subrayando el marco normativo que rige la conducta de la fuerza pública en el conflicto. La Procuraduría recordó que, si bien el DIH reconoce la facultad de las Fuerzas Militares para adelantar operaciones ofensivas, incluyendo bombardeos, «aun cuando entre ellos se encuentren menores reclutados ilícitamente», esta facultad conlleva una exigencia estricta para el Estado.
Esta exigencia implica la «máxima observancia de los principios de precaución y proporcionalidad», así como la obligación de adoptar «todas las medidas factibles para minimizar el daño a la población especialmente protegida», como son los menores de edad.
De manera enfática, la Procuraduría reiteró la condena institucional al reclutamiento infantil. La entidad subrayó que «el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales constituye un grave crimen internacional», el cual no es susceptible de amnistía y es categóricamente repudiado tanto por el ordenamiento jurídico colombiano como por la comunidad internacional.
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Las indagaciones anunciadas hoy amplían el espectro de la vigilancia institucional. El pasado 16 de noviembre, la Procuraduría ya se había pronunciado sobre un caso específico: el bombardeo en Calamar (Guaviare) contra las disidencias de las FARC, donde se había reportado inicialmente la muerte de siete menores de edad. En aquel momento, el órgano de control ya había anunciado una investigación específica sobre lo sucedido en ese operativo y la posible imposición de sanciones a que hubiere lugar.
Con la apertura de estas cinco indagaciones preliminares, el Ministerio Público colombiano intensifica su rol de garante de los derechos humanos y del DIH en medio de las operaciones de seguridad estatal, buscando que se determinen las responsabilidades disciplinarias pertinentes.