viernes, 21 de noviembre de 2025

Gobierno y disidencia EMBF acuerdan desescalamiento del conflicto, pacto electoral y freno a la tala en un nuevo avance hacia la paz

Se elaborará un cronograma de visitas a regiones con presencia del EMBF para monitorear el cumplimiento de los compromisos.

En un paso considerado clave dentro de la agenda de paz, el Gobierno de Gustavo Petro y la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), liderada por ‘Calarcá Córdoba’, anunciaron un paquete de seis acuerdos que abarcan desde medidas de desescalamiento del conflicto armado hasta compromisos ambientales y garantías electorales de cara a 2026.

Los avances quedaron consignados en un documento firmado el 20 de noviembre por Gloria Quiceno, jefa de la delegación del Gobierno, y Leopoldo Durán, jefe negociador del EMBF. El acuerdo se produjo en el marco del séptimo ciclo de diálogos desarrollado bajo estricta reserva en la inspección de Campo Hermoso, en San Vicente del Caguán (Caquetá), con la presencia de los países garantes: Noruega, Irlanda, Suiza y Venezuela. También asistieron delegados de la ONU, la OEA, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias.

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No reclutamiento de menores y ampliación de programas de protección

Uno de los compromisos centrales establece que el EMBF “iniciará la implementación de una política de no incorporación de menores de 18 años” a sus filas. De manera paralela, el Gobierno se comprometió a reforzar los programas de protección de niños, niñas y adolescentes en zonas rurales altamente expuestas a la violencia armada.

Acuerdo de desescalamiento y alivios para la población

El primer punto del acuerdo comprende un “desescalamiento del conflicto” orientado a reducir los efectos de la confrontación en comunidades, funcionarios públicos, firmantes del Acuerdo de Paz, integrantes de la Fuerza Pública y miembros del mismo grupo armado.

Este compromiso toma relevancia en un contexto marcado por la confrontación entre la disidencia liderada por ‘Calarcá Córdoba‘ y el Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. La disputa por territorios estratégicos en Caquetá y Guaviare ha generado amenazas, paros armados y agudos riesgos humanitarios.

Agenda de tierra, transformación territorial y protección ambiental

El segundo acuerdo incluye medidas para facilitar el acceso a la tierra, impulsar la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y reconocer los derechos territoriales de las comunidades. También integra lineamientos para la conservación de áreas ambientalmente sensibles.

A ello se suma un tercer pacto enfocado en la protección ambiental, la revitalización de la selva, la contención de la tala de bosques y la sustitución de cultivos de uso ilícito. La protección de los parques nacionales naturales figura como uno de los ejes centrales.

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Pacto electoral rumbo a 2026

Otra de las novedades es un compromiso para garantizar condiciones seguras y democráticas en las elecciones de 2026. El documento establece la necesidad de asegurar que todos los partidos y candidatos puedan hacer campaña libremente y que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin presiones ni restricciones.

Comisión Jurídica Mixta y verificación regional

El acuerdo también contempla la reactivación de la Comisión Jurídica Mixta, encargada de elaborar un censo de personas privadas de la libertad por razones del conflicto, revisar su situación jurídica y de salud, y promover proyectos educativos y productivos bajo la normativa penitenciaria.

Además, se elaborará un cronograma de visitas a regiones con presencia del EMBF para monitorear el cumplimiento de los compromisos. La mesa de diálogos destacó que se habilitaron espacios de participación en los que comunidades rurales y urbanas pudieron presentar sus solicitudes, entre ellas en el corregimiento de San Juan de Lozada, en La Macarena (Meta).

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