Durante la reunión con el gabinete ministerial, Petro expresó dudas sobre la veracidad del material revelado e instruyó iniciar un proceso técnico.
miércoles, 26 de noviembre de 2025
Durante la reunión con el gabinete ministerial, Petro expresó dudas sobre la veracidad del material revelado e instruyó iniciar un proceso técnico.
El presidente Gustavo Petro encabezó este 25 de noviembre un nuevo consejo de ministros marcado por tensiones internas y creciente presión pública, luego de que un reportaje periodístico señalara presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de las Farc.
El informe, divulgado por Noticias Caracol, menciona al general Juan Miguel Huertas, actual comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, y a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como posibles contactos de estructuras residuales de las antiguas Farc. La información habría surgido de dispositivos incautados a alias Calarcá, cabecilla de esa organización.
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Durante la reunión con el gabinete ministerial, Petro expresó dudas sobre la veracidad del material revelado e instruyó iniciar un proceso técnico para verificar su autenticidad. “Sobre el tema que acaba de sacar Caracol tengo muchas dudas”, afirmó el mandatario, quien ordenó un examen forense de los chats contenidos en los computadores confiscados.
El presidente señaló que las conclusiones de ese análisis definirán las decisiones oficiales. “Esa información, que fue entregada por la Dijín a la Fiscalía en Antioquia, es clave para saber la verdad con ese procedimiento. De acuerdo con eso, tomaré decisiones, no antes”, dijo, subrayando que sus determinaciones deben basarse “en la verdad”.
La postura contrasta con las declaraciones que el propio Petro hizo un día después de conocerse la denuncia, cuando calificó como “falsas” las acusaciones difundidas por el noticiero. En publicaciones previas, el jefe de Estado aseguró que se trataba de un intento por entregar pruebas fabricadas a autoridades de Estados Unidos para justificar un eventual proceso en su contra. También afirmó tener certeza de que los supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Mejía carecían de veracidad.
El caso ha desencadenado pronunciamientos y aperturas de investigación en entidades como el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la DNI y la Procuraduría General, que anunciaron indagaciones internas frente a los funcionarios señalados.
Las revelaciones periodísticas se originan en un operativo del 23 de julio de 2024, cuando una caravana que transportaba a siete jefes de las disidencias —y que contaba con acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección— fue detenida en un retén militar en Anorí, Antioquia. Los uniformados hallaron armas, dinero y un menor de edad, hechos que configuraron una retención en flagrancia.
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Aunque la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de la mayoría de los capturados al reconocerlos como “gestores de paz”, más de cien dispositivos electrónicos quedaron bajo custodia de la Fiscalía. De ese material provendrían los documentos y correos que Noticias Caracol aseguró haber revisado, y que describirían un supuesto contacto permanente entre miembros de las disidencias y funcionarios estatales en cargos estratégicos.
El Gobierno aguarda ahora los resultados del análisis forense para definir el rumbo de las decisiones institucionales en medio de un escándalo que ya motivó investigaciones en varias entidades.
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