El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, anunció un “plan especial” para facilitar el retorno de venezolanos varados en el extranjero, después de la suspensión masiva de vuelos desde y hacia Venezuela.
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Según informaron autoridades oficiales, el plan busca organizar los itinerarios de repatriación y salida de quienes necesiten regresar o viajar, ante la imposibilidad de utilizar rutas comerciales regulares.
Esta decisión ocurre en un contexto de grave tensión aérea: el presidente Donald Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad” y dirigió su advertencia a aerolíneas, pilotos e incluso traficantes.
La medida no especificó cómo sería aplicada, ni cuánto duraría, generando incertidumbre en el tráfico aéreo internacional hacia el país.
El gobierno venezolano respondió con dureza: calificó el mensaje de Trump como una “amenaza colonialista”, una violación a la soberanía nacional y un acto hostil incompatible con el derecho internacional.
En particular, la cancillería denunció que imponer una prohibición aérea desde otro país constituye una intromisión injustificable en la jurisdicción venezolana.
Debido a la alerta aérea y la escalada diplomática, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia Venezuela. Entre las compañías afectadas están Iberia, TAP Air Portugal (TAP), Avianca, Turkish Airlines, Gol Transportes Aéreos y LATAM Airlines Colombia.
Al no retomar operaciones dentro del plazo impuesto por el gobierno venezolano, estas compañías vieron revocadas sus concesiones de tráfico.
No obstante, no todas las rutas aéreas han sido suspendidas. Algunas aerolíneas aún mantienen operaciones hacia y desde Venezuela —según reportes recientes, entre ellas se encuentran Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena. También continúan operando empresas nacionales como Avior Airlines y la estatal Conviasa.
El anuncio del cierre del espacio aéreo por parte de Trump generó consecuencias inmediatas, Caracas dijo que activó “todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional” para denunciar lo que considera una acción ilegítima de Estados Unidos.
En medio de esta crisis, un hecho llamó aún más la atención: según reportó The New York Times, Trump y Maduro habrían sostenido una llamada telefónica hace pocos días para explorar un posible encuentro, lo que generó sorpresa dado el clima de tensión.
Hasta ahora ninguno de los dos gobiernos ha confirmado públicamente la llamada, aunque tampoco la ha desmentido, lo que amplifica la incertidumbre y alimenta especulaciones sobre futuras negociaciones diplomáticas.
El “plan especial” de repatriación impulsado por Maduro aparece, entonces, como una medida de emergencia ante el aislamiento aéreo internacional: un intento de mantener al menos alguna vía de regreso para ciudadanos varados, mientras se redefine la conectividad aérea del país.
Pero ese plan choca con la creciente presión internacional y con decisiones que han reducido drásticamente las opciones para volar hacia o desde Venezuela.
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La combinación de la orden de cierre del espacio aéreo, la suspensión y revocación de rutas internacionales, más la tensión diplomática y militar, ha sumido a Venezuela en una grave crisis de conectividad. El gobierno intenta mitigarla con un plan de repatriación, mientras que la incertidumbre persiste: no solo sobre el futuro de los vuelos, sino sobre la posibilidad real de una negociación entre líderes, dada la supuesta llamada entre Trump y Maduro.