Según la acusación, Álvaro Leyva era consciente de que sus decisiones, incluida la declaratoria de urgencia manifiesta y de licitación desierta, eran contrarias al ordenamiento jurídico.
martes, 9 de diciembre de 2025
Según la acusación, Álvaro Leyva era consciente de que sus decisiones, incluida la declaratoria de urgencia manifiesta y de licitación desierta, eran contrarias al ordenamiento jurídico.
La Fiscalía General de la Nación imputó este martes (09-12-2025) cargos al excanciller Álvaro Leyva Durán por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, en el marco del proceso de licitación para la producción y distribución de pasaportes, un caso que derivó en su salida del gabinete del presidente Gustavo Petro y en una sanción disciplinaria.
La diligencia se realizó ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde el ente acusador sostuvo que Leyva habría expedido tres actos administrativos supuestamente contrarios a la ley durante la licitación del contrato de pasaportes. Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 10 años, al considerar que declaró desierta la licitación sin sustento jurídico.
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Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2023, cuando, por instrucción del entonces canciller, se suspendió el proceso licitatorio que había sido adjudicado a la firma Thomas Greg & Sons, cuya propuesta obtuvo el mayor puntaje técnico y económico en una contratación superior a los 600.000 millones de pesos. En diciembre de ese año, la Fiscalía abrió investigación formal contra Leyva.
Durante la audiencia, la magistrada Alejandra Ardila consultó al exfuncionario si aceptaba los cargos formulados por la fiscal del caso, Sandra Portilla, a lo que Leyva respondió negativamente. Su defensa, encabezada por el abogado Roberto Badel García, aseguró posteriormente que las decisiones adoptadas buscaban garantizar la “pluralidad” de oferentes en el proceso contractual.
Al sustentar la imputación, la Fiscalía afirmó que el excanciller actuó con “conocimiento y voluntad”, es decir, con dolo directo, mientras ejercía como ministro de Relaciones Exteriores. Según la acusación, Leyva era consciente de que sus decisiones —incluida la declaratoria de urgencia manifiesta y de licitación desierta— eran contrarias al ordenamiento jurídico, pese a haber recibido advertencias de su equipo de trabajo.
La fiscal señaló que, aun cuando el proceso licitatorio se desarrolló conforme a la ley, Leyva declaró una urgencia manifiesta por 12 meses, lo que habría permitido apartar a la empresa que tenía la adjudicación y avanzar hacia una contratación directa. “Para esa época usted ya sabía que el proceso se había adelantado de buena forma”, indicó la representante del ente investigador, quien agregó que no existían circunstancias excepcionales que justificaran dicha figura.
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De acuerdo con la Fiscalía, las decisiones adoptadas habrían respondido a una actuación “caprichosa, tozuda y arbitraria”, orientada a encubrir fallas de planeación en la Cancillería. Leyva insistió en no aceptar los cargos, mientras el proceso judicial continúa su curso.
El excanciller Álvaro Leyva (@AlvaroLeyva), no aceptó los cargos que la Fiscalía (@FiscaliaCol), le imputó por las presuntas irregularidades en el caso pasaportes.
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) December 9, 2025