En un acto público de reconocimiento extrajudicial, la Cancillería asumió la responsabilidad ética y política del Estado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra personas falsamente inculpadas, torturadas, desaparecidas y forzadas al exilio tras el asesinato de Gloria Lara de Echeverry, ocurrido en 1982
En cumplimiento de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el Acto de Reconocimiento Extrajudicial a las víctimas, familiares y personas afectadas por la tortura, el montaje judicial, la desaparición forzada y el exilio derivados de la ausencia de justicia en el caso del secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverry.
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La ceremonia tuvo lugar en el Salón Protocolario de la Cancillería y contó con la participación presencial y virtual de las víctimas y sus familias, quienes recibieron el reconocimiento oficial del Estado en un espacio de memoria, dignificación y reparación simbólica. Durante la jornada se escucharon testimonios de las víctimas y se realizaron intervenciones institucionales que reconocieron los daños ocasionados y las responsabilidades históricas.
El acto se desarrolló con el acompañamiento del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM) y constituyó un hito en la larga lucha de las víctimas por el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño causado a personas que fueron injustamente perseguidas por un crimen que no cometieron.
De un crimen atroz a un “falso positivo judicial”
El secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverry en 1982 conmocionó al país. La abogada, entonces directora de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, fue hallada muerta en Bogotá tras permanecer 150 días en cautiverio, en un contexto político marcado por los primeros intentos de diálogo del Gobierno del presidente Belisario Betancur con grupos insurgentes. Más de cuatro décadas después, su asesinato continúa en la impunidad.
De acuerdo con el tomo: «La Colombia fuera de Colombia», del Informe Final de la Comisión de la Verdad, la respuesta del Estado no se orientó a la búsqueda efectiva de justicia, sino a la persecución política. La inteligencia militar de la época construyó un montaje judicial que incriminó a líderes campesinos, estudiantes y activistas sociales sin vínculo alguno con los hechos, pertenecientes a movimientos como Democracia Popular, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
La Comisión documentó que este montaje incluyó prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada, graves irregularidades judiciales, el uso instrumental de los medios de comunicación para estigmatizar a los acusados y, finalmente, el exilio forzado de las víctimas y sus familias, quienes debieron abandonar el país ante el riesgo para sus vidas y la condena social.
Un acto de reparación histórica y garantías de no repetición
La Comisión de la Verdad concluyó que este caso evidenció “el fracaso de los servicios de inteligencia, su responsabilidad en las torturas sufridas, la incapacidad del sistema judicial para ofrecer justicia y el uso político del caso durante décadas”. En ese contexto, y acogiendo la recomendación 10 del volumen: «La Colombia fuera de Colombia», el Estado colombiano —en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores— reconoció públicamente su responsabilidad ética y política por el daño causado a la honra, la integridad y los proyectos de vida de 22 personas detenidas, torturadas, desaparecidas o forzadas al exilio, así como a sus familias.
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El acto contó con la participación de personas directa e indirectamente afectadas, altos funcionarios del Gobierno Nacional, representantes de la comunidad internacional y miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo, en verificación del compromiso del Estado con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. La ceremonia se realizó en el marco de la Semana por los Derechos Humanos.