Una investigación de Daniel Coronell reveló que Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, habría accedido a créditos y beneficios estatales para pequeños productores, pese a que tanto él como su madre han cuestionado la entrega de subsidios.
A través de una investigación titulada “Agro Ingreso Cabal” en la revista Cambio, el periodista Daniel Coronell hizo pública la contradicción entre el discurso público de María Fernanda Cabal contra los subsidios estatales y los beneficios agropecuarios que habría recibido su hijo, Juan José Lafaurie Cabal.
Coronell señala que el 22 de abril de 2024, Juan José Lafaurie Cabal, abogado e hijo de Cabal y José Félix Lafaurie (presidente de Fedegán), solicitó un crédito de redescuento por 400 millones de pesos ante la entidad Serfinanza en el departamento del Cesar, presentándose como “pequeño productor rural”.
Para acreditarse como pequeño productor ante Finagro —el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario—, Lafaurie Cabal aportó documentación que certificaba activos y ingresos justo por debajo de los límites legales exigidos para acceder a beneficios destinados a pequeños productores rurales.
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La operación incluyó, además del crédito, la gestión de un Incentivo de Capitalización Rural (ICR), mecanismo por medio del cual la entidad estatal realiza un abono directo al crédito, reduciendo el monto que el beneficiario finalmente debe pagar.
De acuerdo con Coronell, el ICR abonado a Lafaurie Cabal fue de aproximadamente 95,27 millones de pesos, el máximo permitido por la normativa, lo que implica una reducción significativa de su obligación financiera y, por ende, un subsidio indirecto con recursos públicos.
Además del ICR, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) habría respaldado el 80% de la deuda del crédito, lo que implica que el Estado actúa como principal fiador en caso de incumplimiento por parte del beneficiario.
Coronell subraya el contraste entre estos hechos y las reiteradas posiciones públicas de la senadora Cabal y de su hijo en redes sociales, en las cuales critican en términos severos la entrega de subsidios, alegando que estos no sacan a las personas de la pobreza y fomentan dependencia estatal.
La investigación indica que la tierra y las sociedades vinculadas al proyecto agrícola —destinado a la siembra de palma de aceite en un predio identificado como Hacienda Guadalajara, en el Cesar— están relacionadas mercantilmente con miembros de la familia Cabal-Lafaurie, lo cual complica aún más la percepción pública del caso.
Coronell también destaca que José Félix Lafaurie, padre de Juan José y presidente de Fedegán, integró la Junta Directiva de Finagro durante años, incluyendo parte del período en el que se tramitaron y concedieron estos beneficios, aunque él ha asegurado no haber informado a la junta sobre estos trámites porque, en su criterio, no hubo conflicto de interés.
El análisis periodístico no se limita a la legalidad de los beneficios, sino que incide en la coherencia entre el discurso ideológico de la senadora —en contra de los subsidios y de la intervención estatal en el campo— y las decisiones privadas de su núcleo familiar para acceder a recursos públicos.
Coronell informa que, ante sus intentos de obtener una declaración directa de Juan José Lafaurie Cabal, este inicialmente respondió que estaba viajando y luego declinó comentar, afirmando preferir mantenerse al margen del debate político a pesar del escrutinio sobre su caso.
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Coronell advierte que este caso ilustra una tensión persistente en Colombia entre la retórica pública de rejección de subsidios y el aprovechamiento de los mecanismos públicos de apoyo cuando resultan convenientes.