La justicia avanzó este martes en el caso de la UNGRD con la audiencia contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, marcada por la captura de Bonilla y la comparecencia voluntaria de Velasco, en una investigación que busca esclarecer su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
La audiencia contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla se convirtió en un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un caso que ha puesto en entredicho el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país.
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El proceso judicial se desarrolla en medio de una fuerte expectativa pública, luego de que la Fiscalía General de la Nación señalara a ambos exfuncionarios de presuntas responsabilidades políticas y administrativas en las irregularidades detectadas en la contratación de la entidad.
En el caso de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, la diligencia estuvo marcada por su captura, ejecutada en el marco de la investigación por presuntos delitos relacionados con el desvío de recursos y la posible participación en una red de corrupción que operó al interior de la UNGRD.
Según el ente acusador, la detención de Bonilla responde a la existencia de elementos materiales probatorios que indicarían su eventual conocimiento o intervención en decisiones clave que habrían facilitado el uso indebido de fondos públicos destinados a la compra de maquinaria y atención de desastres.
Por su parte, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, compareció ante la justicia tras presentarse voluntariamente ante las autoridades, en un acto que su defensa calificó como una muestra de disposición para colaborar con la investigación y esclarecer los hechos.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los argumentos que vinculan a Velasco con presuntas omisiones y posibles gestiones políticas que habrían permitido la continuidad de prácticas irregulares dentro de la UNGRD, aunque reiteró que su situación jurídica aún se encuentra en etapa de definición.
El escándalo de la UNGRD ha revelado un entramado de contratos cuestionados, sobrecostos y presuntas coimas, en el que ya han sido señalados varios exdirectivos de la entidad y funcionarios de menor rango, ampliando el alcance de la investigación hacia niveles más altos del poder político.
La presencia de dos exministros en este proceso ha elevado la dimensión política del caso, al tratarse de figuras que hicieron parte del círculo cercano del Gobierno y que tuvieron incidencia directa en decisiones presupuestales y administrativas de alto impacto.
En el desarrollo de la diligencia, los jueces recordaron que tanto la captura de Bonilla como la comparecencia de Velasco no constituyen una condena, sino medidas procesales dentro de un proceso que deberá resolverse con base en las pruebas y el debido proceso.
Las defensas de ambos exfuncionarios insistieron en su inocencia y cuestionaron la solidez de los señalamientos, advirtiendo sobre el riesgo de convertir el proceso judicial en un juicio mediático antes de que se produzcan decisiones de fondo.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas, con llamados desde distintos sectores a fortalecer los controles sobre la contratación pública y a depurar responsabilidades sin distinción de cargos o afinidades partidistas.
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La audiencia contra Velasco y Bonilla marca así un momento clave en el esclarecimiento del escándalo de la UNGRD, un proceso que no solo definirá responsabilidades penales individuales, sino que también pondrá a prueba la capacidad institucional del Estado para enfrentar la corrupción en la gestión de recursos destinados a las poblaciones más vulnerables.