El decreto de emergencia económica del Gobierno reaviva la polémica fiscal al abrir la puerta para rescatar puntos clave de la reforma tributaria, incluido el impuesto del 5×1000, por vía excepcional.
sábado, 20 de diciembre de 2025
El decreto de emergencia económica del Gobierno reaviva la polémica fiscal al abrir la puerta para rescatar puntos clave de la reforma tributaria, incluido el impuesto del 5×1000, por vía excepcional.
El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional abrió un nuevo capítulo en el debate fiscal del país, al activar facultades extraordinarias con el argumento de enfrentar una situación grave e inminente que afecta la estabilidad de las finanzas públicas. La medida ha generado controversia por su alcance y por el momento político en el que se adopta.
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Desde distintos sectores se interpreta que la declaratoria de emergencia busca, en la práctica, rescatar elementos centrales de la reforma tributaria que no lograron avanzar en el Congreso o que fueron modificados sustancialmente durante el trámite legislativo. En este contexto, el Ejecutivo intenta preservar herramientas de recaudo consideradas estratégicas.
Uno de los puntos más sensibles es la eventual reactivación o fortalecimiento del impuesto a las transacciones financieras, conocido como el 5×1000. Este gravamen, históricamente polémico, ha sido defendido por el Gobierno como un mecanismo de recaudo inmediato y de fácil implementación.
El Ejecutivo sostiene que la coyuntura económica, marcada por presiones fiscales, menores ingresos y mayores demandas sociales, justifica el uso de facultades excepcionales para asegurar recursos que permitan sostener programas prioritarios y compromisos del Estado.
Sin embargo, críticos del decreto advierten que la emergencia económica no puede convertirse en una vía alterna para imponer medidas tributarias que no alcanzaron consenso democrático en el Congreso. A su juicio, ello podría desdibujar el equilibrio de poderes y debilitar el control legislativo sobre la política fiscal.
En el caso específico del 5×1000, analistas señalan que su impacto recae de manera directa sobre ciudadanos y empresas formales, al gravar movimientos financieros cotidianos, lo que podría desincentivar la bancarización y aumentar el uso de efectivo.
El Gobierno, por su parte, argumenta que el impuesto tendría un carácter temporal y focalizado, enmarcado en la excepcionalidad de la emergencia, y que los recursos recaudados estarían destinados a atender necesidades urgentes de carácter social y económico.
El decreto también reabre el debate sobre los límites constitucionales de la emergencia económica, ya que la Corte Constitucional deberá evaluar si existen realmente las condiciones extraordinarias que habilitan al Ejecutivo para legislar por decreto en materia tributaria.
En el escenario político, la medida ha tensado aún más la relación entre el Gobierno y sectores de la oposición, que acusan al Ejecutivo de insistir en una reforma tributaria “por la puerta de atrás”, mientras que partidos afines defienden la decisión como una respuesta responsable ante la crisis fiscal.
El sector empresarial y financiero ha reaccionado con cautela, advirtiendo que cambios abruptos en las reglas tributarias pueden afectar la confianza, la inversión y la planificación económica, especialmente si se perciben como decisiones unilaterales.
En paralelo, organizaciones sociales y sindicales han expresado posiciones divididas: algunas respaldan el decreto si garantiza recursos para políticas sociales, mientras otras temen que la carga fiscal termine trasladándose a los sectores medios y populares.
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En definitiva, el decreto de emergencia económica se perfila como una apuesta de alto riesgo político y jurídico, cuyo desenlace dependerá tanto del control constitucional como de la capacidad del Gobierno para demostrar que las medidas, incluido el 5×1000, son necesarias, proporcionales y realmente orientadas a superar la coyuntura económica.