El Gobierno recordó que las medidas que se adopten en el marco del estado de emergencia estarán sujetas al control de la Corte Constitucional.
martes, 23 de diciembre de 2025
El Gobierno recordó que las medidas que se adopten en el marco del estado de emergencia estarán sujetas al control de la Corte Constitucional.
El Gobierno Nacional decretó en la noche del lunes (22-12-2025) el estado de emergencia económica y social al considerar que el país atraviesa una situación grave y urgente que limita la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones y garantizar derechos fundamentales. La decisión quedó formalizada mediante el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el documento, el Ejecutivo enfrenta una coyuntura excepcional que no puede ser atendida de manera suficiente a través de los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. En ese contexto, se advierte sobre la “incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”, como consecuencia del deterioro de la situación fiscal.
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El decreto señala que la Nación atraviesa una crisis fiscal de carácter grave, agudizada por hechos concurrentes con alto impacto social, los cuales han afectado especialmente a la población más vulnerable. Según el Gobierno, estos factores cumplen dos condiciones: profundizan la actual crisis de las finanzas públicas y ponen en riesgo la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios esenciales.
Uno de los principales argumentos expuestos es la existencia de obligaciones económicas que deben ser atendidas de manera inmediata, lo que ha generado una presión significativa sobre el presupuesto nacional y ha dificultado su manejo. A ello se suma la reducción de los ingresos esperados tras la no aprobación de iniciativas de financiamiento en el Congreso de la República. El texto precisa que no fueron aprobados dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales de 2025, por 12 billones de pesos, y de 2026, por 16,3 billones de pesos.
El Gobierno también menciona como factor adicional la situación de orden público en varias regiones del país, que ha incrementado las necesidades de atención estatal. En particular, se refiere a mayores requerimientos de recursos para garantizar la seguridad ciudadana, atender recientes alteraciones del orden público y reforzar la protección ante el aumento del riesgo por atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos de cara a las próximas elecciones.
Asimismo, el decreto hace referencia a emergencias derivadas de desastres naturales ocasionados por la actual ola invernal, las cuales han afectado distintas zonas del territorio nacional y han incrementado la demanda de recursos públicos.
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El documento advierte además sobre las limitaciones para acudir a mecanismos tradicionales de endeudamiento, debido al agotamiento de las alternativas previstas en la Regla Fiscal y a las restricciones de liquidez en la Tesorería General de la Nación, lo que reduce el margen de maniobra para enfrentar la coyuntura económica.
Finalmente, el Gobierno recordó que las medidas que se adopten en el marco del estado de emergencia estarán sujetas al control de la Corte Constitucional, tal como lo establece la Constitución y la ley, al precisar que los estados de excepción constituyen el parámetro de control constitucional de los decretos legislativos que se expidan durante su vigencia.
#Nacionl | A través del decreto 1390 de 2025, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro (@petrogustavo), declaró el estado de emergencia económica pic.twitter.com/2uEWp7AfqS
— Doomo Editorial (@DoomoEditorial) December 23, 2025