La desclasificación de los archivos del DAS abre un debate político y social sobre abusos del Estado, verdad y memoria, mientras exdirectores como Ramiro Bejarano advierten riesgos en su divulgación.
jueves, 1 de enero de 2026
La desclasificación de los archivos del DAS abre un debate político y social sobre abusos del Estado, verdad y memoria, mientras exdirectores como Ramiro Bejarano advierten riesgos en su divulgación.
La desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tiene su origen en una decisión del Ejecutivo orientada a levantar la reserva sobre documentos de inteligencia producidos durante décadas por esa entidad, hoy desaparecida. El Gobierno argumenta que existe un interés superior del Estado en permitir el acceso a esta información, especialmente aquella relacionada con violaciones de derechos humanos y abusos de poder.
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El DAS fue liquidado en 2011 tras comprobarse que, desde su interior, se desarrollaron prácticas sistemáticas de interceptaciones ilegales, seguimientos y persecución contra magistrados, periodistas, opositores políticos, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. Estos hechos marcaron uno de los episodios más graves de desviación de funciones en la historia institucional reciente del país.
El origen inmediato de la desclasificación también está vinculado a exigencias de organismos judiciales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y de víctimas que, durante años, reclamaron acceso a los archivos como parte del derecho a la verdad. En ese sentido, el Ejecutivo sostiene que mantener la reserva perpetuaba la impunidad y obstaculizaba el esclarecimiento de responsabilidades estatales.
Desde una perspectiva política, la apertura de estos archivos puede tener efectos profundos. La información contenida podría revelar patrones de persecución desde el Estado, cadenas de mando, responsabilidades individuales y eventuales vínculos entre organismos de inteligencia, actores políticos y estructuras ilegales, lo que reconfiguraría narrativas sobre el ejercicio del poder en distintos gobiernos.
Socialmente, la desclasificación implica un reconocimiento tácito del daño causado por el uso indebido de la inteligencia estatal. Para muchas víctimas, el acceso a estos documentos representa una forma de reparación simbólica, al confirmar que las agresiones sufridas no fueron hechos aislados sino parte de prácticas institucionalizadas.
Al mismo tiempo, la revelación de esta información puede generar tensiones sociales, al exponer nombres, decisiones y omisiones de funcionarios públicos, empresarios o líderes políticos que hasta ahora no habían sido plenamente vinculados con los abusos del DAS. Esto abre un debate sobre memoria, responsabilidades y los límites del perdón institucional.
El Gobierno ha defendido la medida como un paso necesario para fortalecer la democracia y garantizar la no repetición, argumentando que solo a través de la transparencia se puede reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad e inteligencia del Estado.
Sin embargo, la desclasificación también ha recibido críticas, especialmente de sectores que consideran que puede instrumentalizarse políticamente o que pone en riesgo principios básicos de la inteligencia estatal. Entre las voces más visibles está la del exdirector del DAS, Ramiro Bejarano.
Bejarano ha señalado que una apertura indiscriminada de archivos puede ser irresponsable y peligrosa, al desconocer que muchos documentos contienen información sensible, incompleta o producida bajo lógicas propias de la inteligencia, que no siempre constituyen pruebas judiciales ni verdades absolutas.
El exdirector también ha advertido que la desclasificación podría derivar en juicios mediáticos o en lecturas anacrónicas de decisiones tomadas en contextos específicos de seguridad nacional, sin considerar las amenazas reales que enfrentaba el Estado en determinados momentos históricos.
Pese a estas críticas, organismos de derechos humanos y sectores académicos sostienen que el valor social y político de conocer la verdad supera los riesgos, siempre que el proceso incluya filtros técnicos, protección de datos sensibles y una contextualización adecuada de la información revelada.
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La desclasificación de los archivos del DAS abre una etapa compleja para el país: puede contribuir al esclarecimiento histórico y a la justicia, pero también reabrir heridas, generar controversias políticas y obligar a la sociedad colombiana a confrontar de manera directa los abusos cometidos desde el propio Estado.