A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, han surgido cancelaciones de entradas y viajes por parte de aficionados internacionales preocupados por la percepción de que Estados Unidos no es “seguro” debido a las acciones de Immigration and Customs Enforcement (ICE) y otros elementos de la política migratoria estadounidense.
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Un ejemplo destacado es el del diplomático libanés Mohamad Safa, quien anunció que canceló sus entradas para el Mundial porque temía ser detenido por ICE sin cargos ni audiencia, una declaración que muchos observadores interpretaron como un símbolo de alarma ante el clima actual de migración y seguridad.
Safa también señaló que el entorno político y las operaciones de inmigración de Estados Unidos —incluidas las deportaciones y redadas en varias ciudades— estaban directamente vinculadas a su decisión de no viajar al torneo.
Organizaciones de derechos humanos han documentado casos donde operaciones de ICE y la política migratoria más estricta han generado temores entre visitantes y comunidades de inmigrantes, incluso en eventos deportivos precedentes, lo que ha alimentado preocupaciones similares para 2026.
Human Rights Watch y otros grupos advirtieron a la FIFA que las políticas migratorias de Estados Unidos podrían excluir de facto a aficionados de ciertos países o a migrantes residentes, algo que podría afectar la participación plena de la comunidad global de seguidores.
Además, Estados Unidos implementó una orden ejecutiva que prohíbe o restringe la entrada de ciudadanos de 19 países, lo que genera incertidumbre sobre si aficionados de naciones como Irán, Haití y otras afectadas por el veto podrán asistir a los partidos, incluso si sus selecciones están clasificadas.
La incertidumbre se agravó cuando Irán decidió boicotear el sorteo del Mundial 2026 celebrado en Washington D.C., en protesta por las negativas de visado a miembros de su delegación, un gesto que se traduce en tensión política y simbólica dentro del deporte global.
Las restricciones de entrada —aunque incluyen excepciones para atletas y personal deportivo— no garantizan el ingreso de aficionados y, según autoridades estadounidenses, poseer una entrada no asegura la entrada al país, lo que alimenta más la reticencia de algunos compradores de boletos.
En varios lugares de Estados Unidos, incluidos eventos relacionados con la Copa Mundial de Clubes 2025, hubo presencia visible de agentes de ICE y CBP, lo que contribuyó a la preocupación de que la seguridad para visitantes internacionales podría priorizar la aplicación migratoria por encima de la hospitalidad para el torneo.
Estas dinámicas han motivado a algunos aficionados a reconsiderar o cancelar sus planes de viaje, optando por asistir únicamente a partidos en Canadá o México, donde las políticas migratorias son menos restrictivas y no hay la misma inquietud asociada a operaciones policiales masivas.
Paralelamente, plataformas activistas y públicos críticos en redes han difundido llamados al boicot o a la retirada de venta de entradas para los partidos en ciudades de Estados Unidos, impulsados por la percepción de que las políticas migratorias actuales contradicen el espíritu de inclusión y unidad del Mundial.
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Si bien todavía no se ha cuantificado de forma oficial el impacto económico y en asistencia de estas cancelaciones, el fenómeno refleja una inquietud real entre parte de los aficionados sobre viajar a Estados Unidos bajo políticas migratorias rígidas, y pone en relieve la tensión entre la organización de un evento global y las realidades políticas y de seguridad interna del país anfitrión.