El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares entuteló el aumento del salario mínimo por vulnerar la concertación tripartita. Presidente Petro llamó a movilizaciones para defender el incremento
miércoles, 14 de enero de 2026
El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares entuteló el aumento del salario mínimo por vulnerar la concertación tripartita. Presidente Petro llamó a movilizaciones para defender el incremento
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo legal mensual para 2026 de aproximadamente el 23,78 %, fijándolo en $1.750.905 más un auxilio de transporte de $249.095, lo que deja un ingreso total cercano a los $2 millones mensuales.
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Ese incremento, el más alto en décadas, generó críticas de diversos sectores de la economía y la política colombiana por su magnitud y por la forma en que fue adoptado.
En ese contexto, el comerciante Alexander Donato Rondón interpuso una acción de tutela contra los decretos 1469 y 1470 de 2025, que establecieron el nuevo salario y auxilio de transporte, con el objetivo de suspender provisionalmente la medida mientras se decide el fondo del recurso jurídico.
La tutela fue presentada el 8 de enero de 2026 ante un tribunal en Bogotá, con la representación del exmagistrado Alejandro Linares Cantillo, quien actúa como apoderado en el caso.
Los demandantes argumentan que el decreto vulneró derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y la concertación tripartita, ya que la decisión no habría sido objeto de la discusión formal con trabajadores, empleadores y el Estado tal como exige la Constitución y la ley laboral colombiana.
La tutela también aduce que el aumento salarial fue adoptado sin aplicar los criterios técnicos obligatorios establecidos en la legislación laboral, como el análisis de la inflación, la productividad y el crecimiento económico, lo que podría cuestionar la legitimidad de la decisión.
Otra de las preocupaciones planteadas por los accionantes es que el alza abrupta del salario mínimo podría afectar negativamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), obligándolas a reducir jornadas, despedir trabajadores o incluso cerrar negocios, y que tal impacto se consolidaría antes de una eventual decisión judicial sobre el fondo.
Además, los demandantes señalan que el decreto podría generar presiones fiscales significativas, con aumentos en el gasto público y posibles efectos adversos en la estabilidad de los mercados laborales formales e informales.
Más allá de esta tutela, existen otras iniciativas legales y recursos administrativos que buscan cuestionar el decreto, incluyendo solicitudes ante el Consejo de Estado para que revise su legalidad y eventualmente anule la norma si identifica vicios en su elaboración o en su fundamentación técnica.
El resultado de la acción de tutela depende de la valoración judicial de si realmente se vulneraron derechos fundamentales y si la medida puede causar perjuicios irreparables antes de que se resuelva el fondo del asunto. Si un juez constitucional considera que hay méritos, podría ordenar la suspensión provisional del decreto, lo que generaría un debate jurídico más amplio.
En respuesta a la controversia y a las críticas, el presidente Gustavo Petro ha defendido el aumento, argumentando que busca garantizar un salario mínimo vital y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y ha convocado incluso a movilizaciones sociales para respaldar la medida.
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Asimismo, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley para garantizar en el futuro un salario mínimo vital obligatorio, con el fin de establecer un marco legal sólido que respalde decisiones como la adoptada para 2026 y reduzca el espacio para litigios similares.