A partir del 1 de febrero de 2026, el gobierno nacional iniciará una reducción gradual del precio de la gasolina en Colombia, sustentada en el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)
El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que a partir del 1.º de febrero de 2026 comenzará una reducción gradual del precio de la gasolina en Colombia, marcando el primer descenso significativo tras años de aumentos continuos en respuesta a desequilibrios fiscales.
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La medida se sustenta en el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que acumuló déficits durante años y que, según el Ministerio de Minas y Energía, fue equilibrado gracias a ajustes financieros y pagos de deuda previos, lo que permite ahora aliviar el costo del combustible de forma sostenible.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la reducción será “real, no ficticia”, resultado de una reorganización técnica del sistema de precios y no de subsidios financiados con presupuesto general, y que se hará de forma ordenada y responsable para cuidar la economía familiar y la estabilidad fiscal del país.
El presidente Petro había adelantado la voluntad de reducir el precio una vez que se saldara el pasivo del FEPC, destacando que la deuda heredada de administraciones anteriores fue completamente pagada, lo que abre espacio para una disminución que beneficia a los consumidores sin reabrir el déficit.
El FEPC fue creado para mitigar las variaciones entre los precios internacionales del combustible y el mercado interno, compensando las diferencias para evitar ajustes abruptos para los consumidores, pero en los últimos años su déficit se volvió insostenible y exigió correcciones fiscales.
En los últimos años, incrementos continuos del precio de la gasolina —en parte para saldar el déficit del FEPC— encarecieron el combustible para los colombianos: por ejemplo, en enero de 2026 el galón de gasolina costaba más de 16.000 pesos en varias ciudades principales.
Desde sectores de la oposición política y algunos analistas económicos se ha expresado desconfianza sobre la reducción, advirtiendo que medidas similares pueden responder a cálculos políticos y que el margen para bajar precios depende de múltiples variables fiscales y externas.
Críticos señalan que la sostenibilidad de cualquier reducción está condicionada a que la política de precios no vuelva a generar déficits en el FEPC, dado que ese fondo ha sido históricamente deficitario y costoso para las finanzas públicas, con saldos acumulados de decenas de billones de pesos en años recientes.
La oposición también advierte que una baja en el precio de la gasolina puede contradecir la agenda de transición energética y el desincentivo al consumo fósil promovido por sectores ambientalistas, aunque el Gobierno insiste en que la medida no cambia su enfoque general sobre energías limpias.
Desde el Ejecutivo se enfatiza que la reducción no significa volver a subsidios tradicionales sino una corrección técnica dentro del esquema de estabilización, que acompaña otras reformas que buscan garantizar transparencia y equilibrio fiscal en la formación de los precios de los combustibles.
El impacto de la noticia fue recibido con interés tanto por consumidores como por sectores productivos, pues el precio de la gasolina influye en los costos del transporte, la logística y la inflación general, lo que hace de cualquier ajuste un factor relevante para la economía cotidiana.
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En conjunto, la decisión del Gobierno de reducir gradualmente el precio de la gasolina se presenta como una combinación de responsabilidad fiscal —mediante la estabilización del FEPC— y respuesta a demandas sociales por alivio del costo de vida, aunque la discusión sobre su sostenibilidad y efectos de largo plazo continúa abierta en el debate público.