Los informes de gastos de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, generaron cuestionamientos tras hallazgos que incluyen préstamos de origen cuestionado, el uso de una hacienda incautada y señalamientos de congresistas como Catherine Juvinao y Katherine Miranda
Tras la publicación de los informes financieros de campaña presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, emergieron cuestionamientos sobre la procedencia de varios aportes reportados por las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, cuyos gastos combinados superaron los 2.300 millones de pesos.
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En el desglose de los movimientos financieros, Cepeda consignó ingresos y gastos por cerca de 964 millones de pesos, mayoritariamente provenientes de donaciones de particulares, mientras que Carolina Corcho reportó gastos por aproximadamente 1.428 millones de pesos, con un alto peso de créditos y préstamos de terceros frente a aportes directos de personas naturales.
El foco de las críticas se concentró inicialmente en un restaurante identificado como “Gusteau Chefcito” (Chefcito S. A. S.), que figura en la plataforma Cuentas Claras como prestamista de alrededor de 742 millones de pesos a la campaña de Corcho, cifra que representaría más del 50 % de sus gastos totales.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao visitó la dirección registrada ante la Cámara de Comercio en Bosa, al sur de Bogotá, que supuestamente correspondía al restaurante, pero constató que no existía tal establecimiento en esa ubicación, lo que para ella sugiere inconsistencias graves en la declaración de la campaña.
Juvinao argumentó que, de acuerdo con los registros oficiales, la empresa reportó activos muy bajos en 2020 y no ha actualizado su registro mercantil desde entonces, lo que indicaría que podría estar “inactiva o en liquidación”, lo que —según la congresista— pone en duda su capacidad real para financiar la campaña con un préstamo de tal magnitud.
Por su parte, varios medios han retomado el señalamiento de que la financiación de Iván Cepeda también incluyó aportantes poco convencionales, como la empresa Samat Publicidad S.A.S. de Barranquilla, cuyos ingresos y presencia física generan dudas sobre su capacidad económica para contribuir de manera sustancial a una campaña política.
En paralelo, se conocieron reportes de que una hacienda incautada y bajo control estatal fue utilizada para actividades vinculadas a la campaña de Cepeda en Baranoa, Atlántico, lo que ha alimentado cuestionamientos adicionales sobre el uso de bienes públicos o incautados en procesos políticos, aunque no ha habido confirmación oficial de violación legal al respecto.
Las críticas de Juvinao colocaron sobre la mesa la necesidad de una auditoría forense a las campañas, tanto para aclarar la procedencia de recursos importantes como para verificar si se ajustaron a las normas de financiamiento vigentes, encomienda que la congresista ha planteado directamente ante la opinión pública.
En este contexto de cuestionamientos a las campañas, la representante Katherine Miranda —aunque sus pronunciamientos públicos sobre la consulta se han centrado más en aspectos jurídicos y de procedimiento— ha hecho llamados a respetar la legalidad y los criterios del CNE en otros aspectos del proceso, evidenciando tensiones en el interior del mismo espectro político.
Miranda ha expresado previamente su desacuerdo con algunas estrategias del Pacto Histórico en momentos claves —por ejemplo, rechazando el desafío al fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre ciertos procedimientos de la consulta— y ha insistido en que los procesos internos no pueden saltarse los marcos legales vigentes en materia electoral.
Otra figura en medio del debate fue la representante María Fernanda Carrascal, quien fue vinculada en redes sociales a un aporte del mismo restaurante Chefcito en su campaña, aunque ella aclaró que se trataba no de una donación, sino de un préstamo que está registrado como obligación por pagar y no de un aporte directo, subrayando la diferencia técnica entre crédito y donación.
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Luego de la aclaración de Carrascal, Juvinao y otros críticos respondieron que debe demostrarse con documentación legal que efectivamente el dinero fue un préstamo y no un ingreso disfrazado de contribución, lo que mantiene vivo el debate sobre transparencia y control en la financiación de campañas políticas al interior del Pacto Histórico.