El gobierno de Ecuador multiplicó por diez el costo del transporte de crudo colombiano por sus oleoductos, en medio de un pulso comercial y energético que ya genera reacción en Bogotá.
martes, 27 de enero de 2026
El gobierno de Ecuador multiplicó por diez el costo del transporte de crudo colombiano por sus oleoductos, en medio de un pulso comercial y energético que ya genera reacción en Bogotá.
En los últimos días de enero de 2026, el gobierno de Ecuador anunció un incremento drástico en la tarifa que debe pagar Colombia para transportar crudo a través de la infraestructura petrolera ecuatoriana, específicamente el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Esa tarifa pasó de US $3 a aproximadamente US $30 por barril, lo que implica un aumento del 900% que entró en vigencia desde el 23 de enero de 2026.
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El SOTE es una arteria estratégica dentro de la industria petrolera latinoamericana: conecta la Amazonía ecuatoriana con la costa del Pacífico y ha sido tradicionalmente utilizada —entre otros usos— por Ecopetrol y empresas privadas para movilizar crudo hacia el exterior.
Este ajuste tarifario no surgió de forma aislada, sino en medio de una escalada de medidas comerciales y energéticas entre Colombia y Ecuador que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos desde finales de enero.
Los antecedentes inmediatos incluyen la decisión del gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, argumentando preocupaciones por el déficit comercial con Colombia y la supuesta falta de cooperación en temas de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico.
Como respuesta a esa medida, el gobierno colombiano, bajo el presidente Gustavo Petro, impuso a su vez un arancel del 30% sobre 20 productos ecuatorianos y anunció la suspensión indefinida de las exportaciones de electricidad a Ecuador, acción gestionada formalmente por el Ministerio de Minas y Energía y otras carteras.
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia —con el ministro Edwin Palma como su principal vocero en asuntos energéticos— defendió la suspensión del suministro eléctrico como una medida para resguardar la seguridad energética colombiana, tras considerar que la tensión comercial podría afectar el abastecimiento nacional de energía.
El aumento del 900% en la tarifa de transporte del crudo colombiano fue anunciado por la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien lo calificó como un acto de “reciprocidad” frente a las medidas adoptadas por Colombia, especialmente la suspensión de la venta de energía.
En discursos públicos, Manzano subrayó que Ecuador también presta un servicio clave al permitir el paso del crudo colombiano por sus ductos, por lo que el ajuste tarifario buscaba poner en evidencia la importancia estratégica de ese servicio y corregir las condiciones bajo las cuales se presta a usuarios extranjeros.
Aunque la medida aplica de forma clara al transporte de petróleo colombiano a través del SOTE, no hay confirmación oficial de que la misma alícuota se aplique de inmediato al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) —otro ducto que cruza Ecuador y también es utilizado por empresas colombianas privadas— dado que los acuerdos en ese caso son contractuales entre privados.
Desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la reacción ante el aumento del 900 % fue de rechazo firme, calificando la medida ecuatoriana como “unilateral, desproporcionada y ajena a criterios técnicos o económicos” que además afecta directamente la producción petrolera del sur del país, especialmente en regiones como Putumayo donde pequeños y medianos productores dependen del acceso a ductos transfronterizos.
El ministro Edwin Palma señaló que la decisión vulnera compromisos previos, pone en riesgo el empleo y dificulta la viabilidad de proyectos petroleros, e insistió en que Colombia había buscado diálogo bilateral, que fue abruptamente interrumpido por el anuncio ecuatoriano.
Analistas y representantes de gremios empresariales colombianos han advertido que estos hechos pueden traducirse en mayores costos logísticos y de exportación para la industria petrolera nacional, afectando la competitividad de Ecopetrol y otras firmas que exportan crudo a mercados globales a través de rutas que cruzan Ecuador.
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El aumento del 900% en la tarifa por el transporte del crudo colombiano representa tanto un episodio de tensión comercial como un reto para la cooperación energética bilateral, reflejando conflictos más amplios sobre aranceles, seguridad fronteriza y colaboración en materia de narcotráfico entre Bogotá y Quito.