La CIDH cerró la solicitud de medidas cautelares presentada por la familia de Miguel Uribe Turbay al no encontrar riesgo grave o urgente. El caso sigue bajo investigación en Colombia.
La CIDH cerró la solicitud de medidas cautelares presentada por la familia de Miguel Uribe Turbay al no encontrar riesgo grave o urgente. El caso sigue bajo investigación en Colombia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió cerrar la solicitud de medidas cautelares presentada por la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al concluir que no se cumplieron los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable exigidos por su reglamento.
La petición había sido interpuesta en 2025 por el abogado Víctor Mosquera, representante legal de los familiares del dirigente político, en el marco de una denuncia relacionada con declaraciones públicas sobre el caso del magnicidio que aún es investigado por la justicia colombiana.
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La solicitud de medidas cautelares tuvo su origen el 11 de octubre de 2025, cuando Mosquera presentó una denuncia ante el organismo internacional por declaraciones del abogado Alejandro Carranza, representante legal del presidente Gustavo Petro.
En dichas manifestaciones, Carranza advirtió sobre una presunta instrumentalización del caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay con fines políticos, señalando que el tema estaría siendo utilizado para instalar “narrativas en contra del presidente” en el debate público.
“Hemos venido aquí a la Comisión Interamericana a advertir sobre una instrumentalización que puede darse al sistema interamericano y a pedir un monitoreo sobre esta circunstancia”, expresó Carranza en ese momento, al tiempo que cuestionó filtraciones judiciales y lo que calificó como ataques mediáticos infundados.
Las declaraciones no fueron bien recibidas por los familiares del senador Uribe Turbay, quienes las consideraron revictimizantes y desinformativas. En ese contexto, el abogado Mosquera sostuvo ante la CIDH que dichos pronunciamientos buscaban “relativizar un crimen de lesa humanidad”, argumento central de la denuncia.
De manera paralela, la defensa presentó una protesta formal y solicitó medidas cautelares a favor de los familiares del precandidato, al considerar que existía un escenario de riesgo grave, urgente y de posible daño irreparable, conforme al artículo 25 del reglamento de la CIDH.
Tras analizar la solicitud durante casi cuatro meses, la CIDH concluyó que no se acreditó la existencia de un riesgo actual, ni la responsabilidad directa del Estado que justificara la adopción de una medida cautelar de carácter internacional.
En el documento, conocido por El Espectador, la Comisión aclaró que esta determinación no exime al Estado colombiano de sus obligaciones en materia de protección de derechos humanos.
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“La decisión no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables”, señaló el organismo.
Asimismo, la CIDH indicó que seguirá monitoreando la situación dentro de sus funciones regulares y a través de otros mecanismos previstos en los instrumentos interamericanos.
La decisión del organismo internacional ya fue notificada a las partes interesadas mediante comunicación oficial enviada por la Cancillería de la República.
Mientras tanto, en el ámbito interno, el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay continúa bajo investigación por las autoridades colombianas. Aunque ocho personas han sido capturadas, la principal incógnita del proceso sigue siendo quién dio la orden para cometer el crimen, un punto clave que aún no ha sido esclarecido.
Como padre de Miguel Uribe Turbay y en nombre de mi familia, solicito a la @CIDH que continúe vigilando el proceso por el asesinato de mi hijo.
— Miguel Uribe (@migueluribel) February 5, 2026
Miguel no fue una narrativa, ni un discurso, ni una estrategia política.
Su asesinato fue un crimen de lesa humanidad, resultado de… pic.twitter.com/uXGxmOWby8