martes, 10 de febrero de 2026

Fuerza Pública reconoce responsabilidad por “falsos positivos” en Antioquia ante la JEP

La JEP encabezó en Medellín un acto de reconocimiento de responsabilidad por falsos positivos en Antioquia. 85 exintegrantes de la fuerza pública pidieron perdón a las familias de 36 víctimas.

En un acto público realizado en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encabezó una ceremonia de reconocimiento de responsabilidad, perdón y compromiso de no repetición, en la que 85 comparecientes de la fuerza pública ofrecieron una reparación simbólica a las familias de 36 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, cometidas en Antioquia entre 2003 y 2008.

La ceremonia contó con la participación de cerca de 80 familiares de las víctimas, quienes escucharon el reconocimiento del daño causado no solo a sus seres queridos, sino también a las comunidades afectadas por estos crímenes.

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Víctimas: menores de edad y mujeres

De acuerdo con la JEP, entre las 36 víctimas de los hechos reconocidos se encuentran siete menores de edad y dos mujeres, personas que fueron presentadas falsamente como integrantes de grupos armados ilegales o delincuentes, pese a no tener vínculo alguno con el conflicto armado.

El tribunal explicó que los comparecientes que participaron en el acto no fueron seleccionados como máximos responsables, pero sí estuvieron involucrados en los hechos y decidieron acogerse a los mecanismos de verdad y reparación previstos en la justicia transicional.

Unidades militares involucradas

Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron cuando los comparecientes hacían parte de cinco unidades militares adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, entre ellas:

  • Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío
  • Batallón de Artillería N.º 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez
  • Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5 (A909FEUR 5)
  • GAULA Antioquia
  • GAULA Rionegro

Estas unidades operaban en distintas zonas del departamento durante uno de los periodos más críticos del conflicto armado interno.

Un proceso restaurativo dentro de la justicia transicional

La JEP precisó que este acto hace parte del proceso no sancionatorio adelantado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, mediante el cual los comparecientes que no son considerados máximos responsables de crímenes no amnistiables pueden resolver de forma definitiva su situación jurídica.

Para ello, deben cumplir requisitos estrictos, entre ellos:

  • Aportar verdad plena, detallada y exhaustiva
  • Reconocer responsabilidad en los hechos
  • Realizar acciones restaurativas orientadas a la reparación simbólica y moral
  • Restituir el buen nombre de las víctimas
  • Asumir un compromiso efectivo de no repetición

Las familias pidieron el acto de dignificación

Según la JEP, fueron las familias de las víctimas quienes solicitaron expresamente este acto de reconocimiento, como una forma de reparación simbólica y de limpieza del buen nombre de sus seres queridos.

Las víctimas, explicó el tribunal, fueron asesinadas y luego falsamente presentadas como guerrilleros o delincuentes para inflar resultados operacionales y mostrar supuestos avances en la lucha contra la insurgencia.

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Voces de reconocimiento y perdón

Durante la ceremonia, el compareciente Andrés Cervantes Blanco reconoció públicamente la gravedad de los hechos:

“Las víctimas eran parte de nuestra sociedad antioqueña. Queremos limpiar su buen nombre tras la difamación y la estigmatización. No hay justificación para estos crímenes. Fallamos en proteger a los más vulnerables”.

Por su parte, Luis Fernando Toro Piedrahita, compareciente y vocero de otros integrantes del Batallón de Artillería, afirmó:

“Somos responsables de su dolor. Ellos debieron volver a casa; se los arrebatamos. Construimos una mentira, tergiversamos su historia y los hicimos parte de un conflicto al que no pertenecían”.

Un paso en la búsqueda de verdad y no repetición

Para la JEP, este tipo de actos representan un paso clave en la construcción de verdad, memoria y garantías de no repetición, y hacen parte de los esfuerzos del sistema integral de justicia transicional por dignificar a las víctimas y esclarecer patrones de violencia estatal ocurridos durante el conflicto armado.

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