El fallecimiento de Kevin Acosta por falta de tratamiento para la hemofilia ha expuesto las falencias del sistema de salud colombiano y reaviva el debate en medio de las elecciones.
sábado, 21 de febrero de 2026
El fallecimiento de Kevin Acosta por falta de tratamiento para la hemofilia ha expuesto las falencias del sistema de salud colombiano y reaviva el debate en medio de las elecciones.
El sistema de salud colombiano se encuentra en el centro de una profunda controversia y preocupación nacional tras la trágica muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia A severa. Kevin falleció el 13 de febrero en el hospital La Misericordia en Bogotá después de no recibir a tiempo el medicamento emicizumab, un tratamiento vital que la Nueva EPS había dejado de entregarle desde diciembre de 2025. Su caso ha puesto rostro y nombre a una crisis que, según expertos, acumula pérdidas, deudas y advertencias desde hace al menos tres años.
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La Defensoría del Pueblo ha señalado que Kevin murió porque el Estado no le garantizó el tratamiento necesario, lo que desató una ola de indignación y críticas. El déficit del sistema de salud se estima entre 10 y 33 billones de pesos, dependiendo de cómo se mida, una cifra que ilustra la magnitud del problema.
El presidente Gustavo Petro, en un consejo de ministros, hizo comentarios polémicos al sugerir que un niño con hemofilia no debería montar en bicicleta. Estas declaraciones generaron una fuerte respuesta de expertos e instituciones, quienes argumentaron que la causa de la muerte de Kevin no fue su actividad física, sino la falta de atención médica.
La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, criticó duramente al presidente Petro y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por el caso de Kevin Acosta, llegando a interponer un recurso en contra del ministro. Valencia afirmó que se sintió «ofendida» por la imputación de culpa a la madre del menor y acusó al gobierno de «destruir el sistema de salud». También el procurador y el contralor han cuestionado las declaraciones del presidente Petro y del ministro de Salud, evidenciando la fractura en el manejo de la crisis.
Camilo Arias, profesor de la Universidad de La Sabana, ha dimensionado el problema al señalar que el sistema no está en modo de reforma, sino de supervivencia, con un principal problema de suficiencia de recursos a corto plazo. A esto se suma el efecto del alza del salario mínimo del 23 por ciento para 2026, no considerado en el cálculo inicial del sector, lo que agrava la liquidez inmediata del sistema.
La Corte Constitucional ha advertido desde 2011 sobre fallas en la metodología para definir el porcentaje de incremento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), y en enero de 2025 ordenó al Ministerio de Salud corregir el cálculo retroactivo desde 2021.
La crisis se manifiesta en un patrimonio negativo de las aseguradoras, pérdidas operacionales crecientes y deudas acumuladas, amenazando con interrumpir la atención y generar desconfianza institucional. La situación es alarmante y exige soluciones urgentes para garantizar el acceso a servicios de salud esenciales para todos los colombianos.
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El debate no solo es sobre la financiación, sino también sobre la eficiencia y la humanidad del sistema. La sociedad colombiana exige responsabilidades y acciones concretas para evitar que tragedias como la de Kevin Acosta se repitan. El llamado a la acción es claro: el derecho a la salud debe ser una prioridad innegociable.